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Acusan empresarios que en desalojo se violaron garantías individuales

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La empresaria Fanny Alarcón Osorio, coordinadora general del Grupo Empresarial de Propietarios de Automóviles Usados, denunció la violación de sus garantías individuales por parte de la policía municipal cuando fue desalojada junto con otras personas del predio que usufructúan en la avenida Antonio Chedraui Caram de la colonia Casa Blanca de Xalapa y que es parte de los bienes del gobierno federal al pasar por ahí un canal de desagüe de la laguna.

Asegura que el miércoles, sin tener las facultades legales, elementos de la corporación desalojaron a quienes desde hace unos 25 años utilizan dicho predio para la compra, venta y consignación de vehículos usados, para lo que aseveraron tienen los permisos actualizados expedidos por el ayuntamiento.

Dicho predio está en disputa por quienes se identifican como los hermanos Medina Ocampo, dueños de las negociaciones y centro comercial ubicados en esa zona, cuando el terreno es de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La empresaria xalapeña acusó que los mencionados pretenden adueñarse del predio utilizando tráfico de influencias a sabiendas de que, en dicho lugar, de aproximadamente una hectárea, no se puede edificar nada.

Aclaró que no es invasora ni tampoco que hayan bloqueado está importante vía de comunicación, sino que hace uso del permiso otorgado por el municipio, con lo que se ampara para realizar su actividad comercial.

Adelantó que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la agresión y discriminación sufrida por los elementos policiacos.

Expresó que recurrió a la justicia federal por la arbitrariedad de que ha sido objeto, al no presentarle ningún documento para desalojarla o en el cual se le señalara de la comisión de algún delito.

Acompañada de Néstor Ángel Miranda, integrante del Centro Coordinador Empresarial de Xalapa y de Ángel Pacheco, quien fue detenido por grabar los hechos, dijo que todos fueron remitidos a la preventiva y previo pago de 300 pesos de multa administrativa quedaron en libertad.

Recordó que tienen unos 25 años de estar constituidos en ese predio que es utilizado como tianguis para la venta de vehículos usados e refirió que el 10 de febrero fueron notificados para desalojar el predio sin que estuviera avalado por autoridad competente.

Indicó que la orden provino de Éric Adrián García Castillo, director Jurídico de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, por lo que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para deslindar responsabilidades, expuso.

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