El gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostuvo que mantiene sus sospechas sobre un soborno que recibió la jueza Angélica “N”, hoy vinculada a proceso, y por lo cual liberó a Itiel “N”, imputado por el homicidio del diputado priísta Juan Carlos Molina Palacios; agregó que por eso estuvo preso 11 meses en el Cefereso 13 de Oaxaca tras “ganar un amparo”.
“Tengo y mantengo la sospecha que en aquella primera ocasión también hubo billete de por medio. Ojalá que sea retomado esto, porque si no mal recuerdo se trata del mismo juez federal al que alude la jueza para cumplir el amparo”, reiteró.
El togado al que hizo referencia el gobernador es el juez federal José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, quien ya ha sido denunciado por haber otorgado una suspensión definitiva en contra de detener la construcción de la Torre Centro.
Es el mismo que ordenó la liberación de los padres de Marlon “N”, presunto feminicida de la joven Monserrat, en Veracruz.
García Jiménez recordó que aún hay en el Poder Judicial gente coludida o que fallan a favor de delincuentes, esto al dar a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) que Angélica “N” cometió tráfico de influencias y falsificación de un documento jurídico para volver a liberar al Compa Playa con tanta celeridad
Sobre que en la Escuela Secundaria Técnica 34 en Soledad de Doblado donde más de 40 alumnos se desvanecieron por golpe de calor, expuso que el evento fue atendido y no implicó riesgo a la salud, “un desmayo de algunos, no de los 40; eso es mentira”.
Reiteró que no se han alcanzado los máximos históricos de la temperatura por lo que suspender clases se dará a reserva de casos particulares y según lo establecido por las delegaciones de Protección Civil estatal y municipal.
“Lo que pienso es que hay una avalancha mediática para exacerbar el ánimo, pero la realidad, al menos en el estado, donde hay épocas con mucho calor, no han alcanzado esas cifras (…) cuando sucede así en alguna escuela, recuerden que el director y los maestros son los que mejor tienen el tacto para comprender y atender lo que están pasando”, expuso.
El mandatario exhortó a la población a no difundir ni caer en las exageraciones de algunas notas de los medios de comunicación y reiteró la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades oficiales.
Llevarán a la SRE intromisión de ONU en caso de Angélica “N”
Asimismo, anunció que enviará un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se explique si integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), pudieran pretender ingresar a la audiencia Angélica “N”.
“Y si tiene facultad para violentar la Constitución, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 64 y 218, que la Secretaría de Relaciones Exteriores me diga”, detalló.
Reiteró que es precisamente en los Tratados y Convenciones Internacionales donde se especifica que se puede hacer en casos judiciales, “no hay ninguno que ahí diga violentar el Código de Procedimientos Penales, y así como yo argumenté que ellos me digan (…) no hay ninguno que permita a alguien u algún organismo violentar la Constitución”.
Así explicó el por qué el Poder Judicial, representado por el juez de control Roberto Santos Maldonado calificó como privada la audiencia de la jueza Angélica “N”, por ello no pudieron ingresar los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
ONU, sin competencia en el sistema judicial mexicano: Gobierno
El gobierno de Veracruz exhortó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a mantenerse al margen de los procesos del sistema judicial mexicano, pues ello corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto tras lo que catalogó como intromisión de sus miembros en la segunda parte de la audiencia iniciada el 16 de junio en el Juzgado Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo, Coatepec, por el caso de Angélica “N”, vinculada como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se expresa que tal pretensión pudo violentar un proceso que debe continuar en observancia a la ley aplicable, ya que la imputada decidió acogerse al término constitucional de 144 horas; además de que la oficina firmó un acuerdo que no establece su participación u observancia al respecto y lo hizo desde la administración federal anterior.
En el texto (https://n9.cl/3ghk8) el gobierno estatal se declara respetuoso de los derechos humanos, así como de los organismos que los procuran, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Veracruz y los Tratados y Convenciones Internacionales.
