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Expediente por queja de jueza Angélica “N”, en integración; FGE, en tiempo para atender

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La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, confirmó que continúa con el proceso de integración del expediente de queja que promovió la familia de la jueza Angélica “N”, quien fue detenida en la Ciudad de México el 16 de junio por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

La juzgadora fue intervenida por la Guardia Nacional y remitida a la Unidad Antisecuestros en la Ciudad de México. Ella portaba un amparo que limitaba que policías ministeriales la detuvieran, sin embargo, pese a ello fue detenida y la trasladaron ante un juez que la vinculó a proceso a pesar de que los delitos que le imputan no ameritan prisión preventiva.

En ese sentido, Namiko Matzumoto Benítez, adelantó que ya se ha requerido información a la Fiscalía General del Estado (FGE), que es la autoridad responsable de la detención, sin embargo, tiene dos oportunidades para atender el requerimiento de la CEDH. 

Añadió que el proceso penal que se le sigue a la jueza, quien tendrá que pagar una fianza de un millón de pesos para seguir el proceso en arraigo domiciliario, no es competencia de la CEDH.

“Es un tema que, a nosotros, en este momento no nos compete (…) nuestro contacto es estrictamente con la autoridad (la FGE) señalada como responsable, que es a la primera a la que hay que solicitar información”.

Matzumoto Benítez indicó que la Fiscalía se encuentra dentro del plazo para contestar y considerando que no se contesta en la primera solicitud, el marco legal concede una segunda oportunidad para que brinden su respuesta.

“(El expediente de queja) se está integrando conforme lo marca la ley. Consideremos que es una queja muy reciente, estamos apenas en la primera etapa que es la solicitud de informes a la autoridad”.

Angélica “N”, jueza de Control en Cosamaloapan, se le aprehendió por presuntos actos de corrupción al haber ordenado la liberación de Itiel “N”, alias el Compa Playa, señalado por el asesinato del exdiputado local Juan Carlos Molina Palacios.

En un segundo momento fue aprehendida por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública, no obstante, la medida cautelar de prisión preventiva se revirtió y se le impuso arraigo domiciliario.

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