La Ley de Desarrollo Sustentable del Café fue aprobada el miércoles pasado por las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, sin mayores cambios en lo referente a los temas de comité de comercialización y de precios, y sin la participación del sector productos en su elaboración.
Fernando Celis Callejas, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, expresó que la mayor parte del contenido de dicha norma son “declaraciones generales que no obligan a nada a los industriales y comercializadores a tomar algunas medidas”.
Expusieron que había sido aprobada por la representación del sector productor, “pero en mi caso no la conocimos, apenas la está pasando la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), lo que deja en clara desventaja a los productores frente a los industriales y comercializadores”, añadió el dirigente cafetalero.
Al hacer una revisión de lo sucedido por los senadores, mencionó que se tuvo conocimiento de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sigue manejando que no pueden dar su aprobación porque la comisión que se establecería requiere de un presupuesto adicional, lo cual es totalmente falso.
Aseguró que la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, había acordado con la representación del sector productor de café que se le entregaría la respuesta al proyecto de ley presentado y se iniciaría una revisión conjunta, además de que se vería su aprobación en el actual periodo de sesiones. No ocurrió esto.
Explicó que el técnico de la Cámara de Senadores, Miguel Poot, le entregó primero el documento a Santiago Argüello, director de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), conocido por defender los intereses de la Nestlé, AMSA y otras grandes empresas.
El borrador que se presentó finalmente al sector productor ya incluía muchos cambios que había hecho Argüello; una ley que se centraba más en las atribuciones de la Sader y se disminuía el papel de una nueva comisión a solo un Comité de Consulta; se hicieron cambios en los temas de cafés dañados, diferenciales, la calidad del aromático en el consumo nacional, revisión de importaciones y otros temas que les interesa a las grandes empresas, añadió.
Ante la oposición a estos cambios por parte de la representación del sector productor se llevó más de mes para recomponer algunas partes y en una sesión con el subsecretario de la Sader, Víctor Suarez, se incluyeron algunas de las propuestas del sector productor, perdiéndose mucho tiempo en esto.
Recordó que cuando se presentó el proyecto de ley en la Comisión de Agricultura del Senado ya había también otra propuesta de ley que presentó la senadora Beatriz Paredes, y como ella lo reconoció era una propuesta elaborada por la Asociación Nacional de la Industria del Café (Anicafé), que representa a las grandes compañías. Posteriormente la senadora reconoció la posición del sector productor y entregó solo observaciones de dos puntos.
La comisión acordó que estarían en sesión permanente y que se revisaría también la propuesta de la senadora Paredes y lo pendiente con Hacienda para que diera su aprobación, sin embargo, los representantes de Hacienda no aceptaron que estuvieran en esta revisión los representantes del sector productor.
Se conoce que después de varias reuniones, en Hacienda no dan su aprobación porque dicen que si se establece una comisión implicaría que tenga un presupuesto. “En la propuesta de ley no señala que se asigne un presupuesto extra, esto deja entrever que otra vez el licenciado Poot no informó adecuadamente sobre la situación con Hacienda a la senadora Nancy. Lo más adecuado hubiera sido que se suspendieran las reuniones con Hacienda y la senadora Nancy junto con la senadora Harp, e incluso con el subsecretario Víctor Suarez buscaran una interlocución de mayor nivel con las Secretarías de Hacienda y Economía, e incluso con la presidencia para resolver la conducta irregular de funcionarios”.
Comentó que dos cuestiones quedan claras en todo esto: la descoordinación que existe entre diferentes áreas del gobierno federal. Incluso intereses muy diferentes en una misma secretaría como es el caso de la Sader, donde un funcionario trabaja abiertamente para los intereses de las grandes compañías; además de la gran influencia que tienen las grandes empresas del café que encabeza la Nestlé, que pueden tener a su servicio a funcionarios públicos y senadores.
Ante esto, los productores del aromático exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para poner orden en su gobierno y apoyar a establecer una Ley del Café más favorable a los productores, que fue lo que prometió en su campaña y es uno de los puntos prioritarios en el Programa de Gobierno, concluyó.
