Ciudad de México.- Banco Azteca opera con “ética, honestidad y profundo compromiso”, señaló la institución financiera después de que se reveló que el congresista texano Henry Cuellar y su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de una institución financiera mexicana.
A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el banco propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego indicó que debido a que se han publicado una serie de señalamientos por parte del algunas entidades de Estados Unidos en contra de un tercero, “queremos reiterar que nuestras operaciones se rigen bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento”.
Banco Azteca “es, y ha sido desde su origen, líder en su compromiso con la seguridad y la ley, innovando e incorporando controles, procesos y la tecnología más avanzada a nuestros servicios. Siempre operamos con ética, honestidad y un profundo compromiso con nuestros clientes y con nuestro país”, indicó.
De acuerdo con la demanda, el congresista demócrata actuó en beneficio de un banco mexicano para que las regulaciones no lo afectaran. En el documento no se identifica plenamente a la institución bancaria, sino que sólo la describe como “una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México”, orientada a atender “a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, depósito y otros”, cuyo conglomerado al que pertenece también cuenta con una empresa de medios de comunicación.
La demanda indica que Cuellar y su esposa recibieron, por dos esquemas de sobornos relacionados con una firma petrolera de Azerbaiyán y el banco mexicano, 600 mil dólares, los cuales fueron utilizados “para satisfacer sus deudas, pagar gastos familiares y realizar compras”.
De acuerdo con las acusaciones, el banco mexicano “necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar grandes reservas de moneda física que mantenía en México a los Estados Unidos y convertir la moneda física en dólares electrónicos”, luego de que en 2012 los reguladores financieros en la Unión Americana intensificaron la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero.
Eso llevó a que varios bancos estadounidenses limitaran o se retiraran de las relaciones de banca corresponsal con instituciones financieras en países de alto riesgo de lavado de dinero, como México, algo que preocupaba al banco.
EU: acusan a congresista de ser sobornado por banco mexicano
El congresista demócrata por Texas Henry Cuellar y su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de un banco mexicano para obtener beneficios regulatorios en aquel país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.
La denuncia no identifica por su nombre al banco mexicano que pagó el soborno al matrimonio Cuellar, pero sí lo describe como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México, orientada a atender a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, depósito y otros. El banco, dice la demanda, es propiedad de un grupo empresarial mexicano relacionado con las finanzas y las ventas minoristas y que guarda relación con medios de comunicación.
La demanda, a la cual tuvo acceso La Jornada, señala que el legislador recibió sobornos por 600 mil dólares de una compañía petrolera de Azerbaiyán y el banco que es propiedad de un conglomerado financiero y minorista mexicano.
El documento indica que la institución mexicana que pagó el soborno necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda física estadounidense que mantenía en México y convertir la moneda física en dólares electrónicos, lo que el banco extranjero podía gastar o transferir más fácilmente.
Esto, debido a que en 2012 los reguladores del país vecino insistieron en una mayor aplicación de la Ley de Secreto Bancario y otras normas contra el lavado de dinero, lo cual llevó a algunas instituciones financieras estadounidenses a limitar o retirarse de las relaciones de banca corresponsal con bancos de países con alto riesgo de lavado de dinero, como México.
La demanda indica que la eliminación de riesgos fue una gran preocupación para el banco extranjero, ya que le impedía acceder al sistema financiero estadounidense.
Las instituciones más cercanas a las descripciones hechas por el Departamento de Justicia contra el congresista Cuellar son BanCoppel y Banco Azteca, sólo que el primero no cuenta con corresponsales bancarios en Estados Unidos, y la demanda también indica que el conglomerado señalado cuenta con firma de medios de comunicación.
El documento señala que la institución, como muchas otras, dependía de relaciones bancarias corresponsales para facilitar transacciones, como remesas.
Precisa que la negociación para recibir los sobornos comenzó desde 2014. En el caso están implicados un ejecutivo del banco mexicano, así como otros intermediarios, entre ellos un político que representó a Nuevo León en la Cámara de Diputados, cuyo nombre no menciona.
El documento indica que Cuellar actuó en beneficio de la institución financiera para establecer relaciones bancarias corresponsales y en legislaciones para bloquear regulaciones perjudiciales a la industria de préstamos de día de pago y relacionadas con transferencias electrónicas transfronterizas, entre otros asuntos. Según la demanda, los últimos pagos se hicieron en 2019.
Aunque no se menciona en el documento, meses después, en México, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (BdeM), a fin de que adquiriera los dólares que las instituciones financieras en el país no pudieran repatriar a Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su oposición, al sostener que debía respetarse la autonomía del banco central, mientras la institución advirtió en noviembre de 2020 que de modificarse la ley del BdeM se corría el riesgo de abrir la puerta al ingreso de flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.
Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del BdeM. Uno de los más importantes es que no se vale cambiar una ley para favorecer a una sola empresa, explicó a través de un tuit Jonathan Heath, subgobernador del banco central, en diciembre de 2020.
La reforma no fue aprobada, pues se frenó en la Cámara de Diputados. Al cierre de la edición, ninguna autoridad mexicana expresó un posicionamiento.
