La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) resolvió que la alcaldesa morenista de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, mintió en sus declaraciones por el presunto secuestro de su hijo, por lo que ahora los afectados, un empresario y sus hijos, pedirán juicio político para que enfrente la justicia por la vía civil y penal.
La carpeta FGR/FEMDO/UEIDMS/FE-F/2548/2022, en la que Lorena Sánchez puso su denuncia, fue turnada el jueves pasado a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado (FGE), al declararse la Seido incompetente para judicializar el caso.
Enrique Rentería Zavaleta, abogado defensor del empresario limonero del sur de Veracruz, Erasmo Vázquez González, conocido como El Chivo, y de sus hijos Miguel Ángel y Juan Carlos Vázquez Bonilla, recordó que la denuncia en contra de sus clientes fue por el delito de secuestro en agravio de un menor de edad, hijo de Lorena Sánchez.
En conferencia de prensa celebrada la mañana de ayer en Xalapa, el litigante indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un acuerdo de incompetencia el jueves pasado, donde presentó las copias de la carpeta de investigación 557/2022, mismas que fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro dependiente la FGE.
En el expediente, dijo, determinó la Seido que no existe ningún indicio que Erasmo Vázquez González y de sus hijos Miguel Ángel y Juan Carlos Vázquez Bonilla pertenezcan a algún grupo de la delincuencia organizada, tal y como lo denunció la alcaldesa de Sayula de Alemán, quien además exhibió el caso a nivel nacional y pidió el apoyo del gobierno del Estado y autoridades federales para su protección al considerarse vulnerada su seguridad.
“Sobre todo determina que existen datos de prueba que en este caso, la alcaldesa realizó la simulación del secuestro en agravio de su hijo, así lo determinó la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro de manera muy puntual”, sostuvo Rentería Zavaleta.
Comentó, cuentan con datos de prueba que de acuerdo al Artículo 14 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, dicho ilícito se encuentra catalogado como un delito de simulación de secuestro, con una penalidad que va de los 4 hasta 16 años.
Sostuvo que esta situación es grave, debido a que la alcaldesa Lorena Sánchez, a nivel nacional, llevó una campaña falsa de imputación en agravio de los empresarios, “utilizando dependencias federales, como la Fiscalía General de la República para obtener un beneficio personal”.
Reconoció que la fiscalía (FGR) realizó una investigación objetiva, con intervención de llamadas concedidas por un juez, mismas que –dijo– dan sustento para la opinión que se emitió y que llevaron a actualizar el delito de simulación de secuestro.
“Tenemos la confianza que las autoridades de Veracruz le van a dar seguimiento y en su momento proceda la acción penal, que en este caso es solicitar ante el juez competente y llevar a cabo el desafuero, la declaración de procedencia ante el Congreso del Estado”.
Explicó que ahora la carpeta de investigación fue remitida de la Seido a la Fiscalía General de Veracruz, misma que fue recibida por el director la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), “tanto la fiscal encargada de llevar a cabo las pesquisas, como el mismo encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) determinan todos los datos de prueba que existen en la carpeta, no existen datos de prueba en contra de mis representados”.
Insistió en que esos datos de prueba no existe indicio que indique pertenezcan a un grupo de la delincuencia organizada, pero que sí existen datos de la simulación por parte de la alcaldesa Lorena Sánchez.
“Es grave la circunstancia por la cual –la alcaldesa– utilizó al poder público, a las dependencias federales para un motivo personal, sobre todo que resulta de manera objetiva la investigación que realizó la FGR, porque tiene intervención de llamadas, diferentes testigos, desahogó diferentes actos de investigación e intervino, con autorización de un juez federal las comunicaciones de todos, incluyendo de la alcaldesa y tiene diferentes muestras de que en su momento entabló comunicación con varias personas, la FGE tendrá que deslindar esa responsabilidad”, precisó.
Rentería sostuvo que de entrada hay varios señalamientos en contra de la alcaldesa, como el realizar falsas declaraciones ante la autoridad, “ahora las autoridades de Veracruz, que siempre han dicho que iban a respetar lo que investigara la FGR, pues lo único que se solicita es que le den seguimiento y que si se llevó a cabo, como ya se determinó, que existen datos de prueba que simuló el secuestro de su hijo para obtener un beneficio personal”.
Destacó que por la presunción del delito de difamación, en este caso en agravio de sus defendidos, ya no lo contempla el Código Penal, ya que este ilícito corresponde a materia civil, “pero sí se va a proceder por la vía civil por los daños y perjuicios, ya que por motivo de ello perdieron varios contratos de limones que tenían con empresas extranjeras, han tenido el descrédito de la opinión pública y todo esto fue a nivel nacional, lo que causó un severo descrédito”.
A mediados de agosto, Lorena Sánchez denunció que había sido amenazada, secuestrada y extorsionada durante siete meses, además de que su hijo menor se encontraba secuestrado, siendo ella la única que logró escapar del secuestro.
Sin embargo, a través de las cuentas oficiales del ayuntamiento de Sayula de Alemán se publicó un comunicado el 11 de agosto, donde señala que Lorena Sánchez Vargas salió con rumbo a la Ciudad de México con su chofer y escolta, secretaria y fotógrafo, trabajadores que al llegar al Senado “dejó tirados”, se desapareció y luego pasó un familiar por ella, situación por la cual su personal estuvo una semana en la CDMX.
“Se sabe que después 40 minutos que ella partió de Sayula, su hermano, Omar Sánchez Vargas, pasó al domicilio familiar en una camioneta Hilux Blanca, propiedad del municipio, en busca del hijo de la alcaldesa, y de su niñera, lo que significa que su hijo nunca estuvo secuestrado. Y se sabe que en la CDMX inventó una denuncia de que su hijo estaba secuestrado, lo que es completamente falso. Se afirman que estas acciones de la alcaldesa son producto de su molestia, ya que no se le ha permitido robar, y meter a nómina a todos sus parientes, como ella lo esperaba”, reza el desplegado.
