El presidente municipal de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino, fue registrado en el Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género y permanecerá inscrito durante 24 meses, luego de la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
En su sesión del pasado 28 de agosto, se acreditó que el funcionario municipal sí incurrió en violencia política en contra de la síndica del ayuntamiento, Concepción Bandala Martínez. De acuerdo con las resoluciones de los expedientes TEV/JDC/19/2023, TEV/JDC/26/2023, TEV/JDC/30/2023 y TEV/JDC/69/2023, se destaca que dichos asuntos, en los que ya se había actualizado que el alcalde llamara a sesión de Cabildo a la síndica, sin embargo, hizo caso omiso y se repitieron las acciones del acto reclamado.
La ponencia estimó que se acredita la violación política en razón de género por parte del alcalde en cuestión, “por tanto ante la actualización de esta conducta” se da vista “al Órgano Público Local Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de incluir al ciudadano Roberto Perdomo Chino por la temporalidad de 24 meses al Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género”.
Durante la sesión se declaró fundada la queja de la servidora pública municipal, quien procedió a interponer la denuncia el 20 julio, donde aseguró que el alcalde obstaculiza sus labores. Además de dar a conocer que supuestamente su salario es menor al de otros funcionarios de esta alcaldía.
“Se le ordena citar adecuadamente a la actora a las sesiones de Cabildo, mientras que al ayuntamiento se le ordena que modifique su presupuesto de egresos 2023 para que reajuste las remuneraciones de la actora y haga el pago retroactivo a partir de una modificación presupuestal con fecha 16 de junio”.
El 25 de enero, la síndica Concepción Bandala Martínez dio a conocer que procedió legalmente contra el alcalde Roberto Perdomo Chino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el tesorero municipal, Juan Pablo Becerra Hernández, por presuntos actos de corrupción, acoso y amenazas de muerte.
La funcionaria municipal explicó que hizo públicas las denuncias de corrupción contra regidores y el tesorero municipal, por la compra de un terreno en litigio en la localidad de Xalame, para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. A partir de este caso, supuestamente comenzaron las amenazas y luego la violencia política en razón de género, por lo que decidió interponer las quejas ante el Tribunal Electoral de Veracruz, donde se determinó que el edil incurrió en ilícito.
