Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR), pidió a los aspirantes a alguna candidatura y servidores públicos no olvidar que los delitos electorales son dolosos y se persiguen de oficio, por lo que las sanciones van desde amonestaciones económicas o la privación de la libertad.
Precisó que este tipo de acciones son cometidas por quienes consideran que la ley no aplica o pueden evitar ser señalados, pero todo aquel que se dedique a la política tiene conocimiento de la ley y de desconocerla no la exime de sus consecuencias.
Expuso que la Fiscalía a la que pertenece y la cual está adscrita a la FGR, vigila y sanciona estos delitos, sobre todo cuando inician los procesos electorales.
Manifestó que, además de delitos comunes como el robo de urnas o la no instalación de mesas de casilla, se identifican acciones relacionadas con obligar a los servidores públicos a participar en la promoción de un candidato con la consigna de mantener su trabajo.
“No se les puede obligar a hacer actividades con fines electorales. Todas las personas pueden estar cometiendo delitos electorales y la Fiscalía está comprometida con la prevención del delito electoral. Existe cero tolerancia para los delitos electorales”.
Detalló que la dependencias a su cargo únicamente atiende delitos electorales federales y los electorales del fuero común debe investigarlos el estado. “La ley contempla que si en algún momento existe una confusión de delitos prevalecerá el delito federal y se tendrá que investigar”.
Sostuvo que primero se debe pasar por la vía administrativa electoral, se debe analizar la vía electoral y se debe acudir al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para presentar una queja por promoción personalizada, donde se determinará, con una investigación, si se están utilizando recursos públicos; posteriormente, se iniciará un procedimiento electoral sancionador o ante la Fiscalía para que se haga la investigación”.
Reiteró que quienes están dedicados a la política conocen la ley, “el político cuando asume un cargo de elección popular debe conocer la reglamentación electoral (…) saben que llevarse una urna es un delito electoral, se debe tener bien claro que los delitos electorales son dolosos y, por tanto, se persiguen de oficio, es decir, no existe el perdón ante el Ministerio Público”.
Mencionó que este tipo de acciones se pueden evitar en todos los niveles, sobre todo al considerar que se puede llegar a la cárcel en caso de cometerlos. Citó como ejemplo que aquel funcionario o presidente de mesa de casilla que no la instale sin una justificación legal está incurriendo en una falta administrativa o un delito electoral, y saben que incurren en un delito electoral y saben que se castigan con multa o privación de la libertad, dijo por último.
