Fabiola Martínez y Lilian Hernández
El 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la propuesta de Janine Otálora, de abrir un catálogo que sirviera como insumo para la calificación de la elección presidencial, en el cual se puntualizaran las infracciones del mandatario Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, por mayoría de tres votos contra dos, se creó una base de datos donde estén todos los sujetos sancionados, cuya acción impacte en los comicios de los tres niveles de gobierno.
El jefe del Ejecutivo acusó al Poder Judicial no sólo de ir hacia la nulidad de la contienda del 2 de junio, sino de afectar su libertad de expresión, su derecho de réplica.
Consultada al respecto, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, señaló que si bien existe ese derecho, también hay restricciones para todos los servidores públicos. “Bueno, la libertad de expresión por supuesto que se valora en esta institución, pero quienes somos servidores públicos tenemos algunas restricciones, que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, sino con las responsabilidades que tenemos como servidoras y servidores públicos, y eso aplica para todos, incluso para las magistradas y magistrados”.
Soto, quien propuso el catálogo general –no solo el presidencial– destacó que para la calificación de la máxima elección se analizan todas las sentencias y pruebas que obren en los expedientes; así, el catálogo servirá como “notas” de cada magistrado y ahí se inscribirá a cualquier persona que rompa con la legalidad o intervenga, sea del nivel que sea.
Por otra parte, subrayó que el Tribunal no es un actor político ni está en campaña. “A ver, no le debemos a nadie. Ya lo decía aquí una compañera, no le debemos el cargo que estamos desempeñando a nadie”, comentó a las periodistas reunidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En la mesa estuvo acompañada de la ex consejera electoral, Adriana Favela, ahora parte de su equipo.
Soto defendió la autonomía del TEPJF y de los cinco magistrados que integran actualmente la Sala Superior; deberían ser siete, pero el Senado no ha hecho las designaciones. Si para septiembre persiste la situación, la norma indica que se deberá llamar al magistrado de Sala Regional de “mayor antigüedad”.
Por lo pronto, la presidenta sostuvo que las resoluciones de esta máxima instancia son “siempre” con apego a la ley y, ante las críticas, “la mejor respuesta” son las sentencias, las cuales pueden ser criticadas, pero el Tribunal – añadió- debe estar alejado de las “pasiones” de la contienda electoral.
Ante las críticas respecto si responde a los intereses de un partido político o el gobierno en turno, la magistrada adujo que ella ganó una convocatoria emitida por la Suprema Corte y avalada por unanimidad en el Senado de la República.
“Me debo a la democracia, a la sociedad y, bueno, a ustedes. Ahí sí critíquenme todo, pero nunca un partido político ni ningún actor, ni ningún grupo de poder podrá decir, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros nos dicen qué hacer, cómo votar.
“La verdad, no, ni nos tiembla la mano ni nos doblamos porque ya tenemos 30 años todos haciendo esto, ejerciendo nuestra función de juzgadoras y juzgadores. Así es que tengan confianza en el Tribunal”, dijo.
