A pesar de que en Veracruz se cuenta con un robusto marco jurídico en materia del derecho al aborto seguro, en la realidad aún existen varios desafíos para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a este servicio de salud, dijo Christian Soledad Ortiz-Chacha, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana.
Durante la mesa de diálogo “Después de la Reforma al Código Penal respecto al aborto ¿Qué sigue?” organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ortiz-Chacha la investigadora, destacó que una investigación realizada en dos hospitales de Veracruz evidenció el servicio diferenciado que reciben las pacientes, así como las carencias que enfrenta el sistema de salud.
En el caso de un hospital de Xalapa, la investigadora detectó que se informó de la despenalización al personal médico, pero no se les dio capacitación ni recursos adicionales; asimismo 20 ginecólogos (el 100 por ciento de la planilla) manifestó su objeción de conciencia, dejando solo al jefe de servicio.
Dijo que esta situación demuestra “una calidad de la atención deficiente, así como carencias profesionales para la provisión de recursos y toma de decisiones”.
Por su parte, en un hospital de Orizaba que también fue analizado, sí se le brindó capacitación al personal para atender las demandas de aborto, sin embargo, no cuentan con datos sobre su cobertura y se encontraron que, aunque nunca se negó la atención, sí habían notables intentos de persuasión para no realizar el aborto.
Ortiz-Chacha dijo que “ambos casos son un ejemplo de cómo se realizan abortos en hospitales de Veracruz, pero no se descarta que estas carencias puedan encontrarse en otros centros de salud”, por lo anterior, la investigadora insistió en la necesidad de preguntarse: “¿cómo vamos en materia de aborto? ¿se cumple el deber ser que se plantea en las leyes?”, pero sobre todo se debe “indagar en las causantes del aborto e incidir en ellas e informar ampliamente sobre los servicios del aborto seguro, su atención y seguimiento”.
La investigadora describió que, a nivel nacional, el derecho al aborto es resultado de una demanda histórica, pero solo en cuatro estados el aborto está despenalizado, mientras que en las demás existen causales diferenciales y aunque “es un avance haber reconocido 8 causales, estas no son homogéneas”, lo que provoca que pese al avance continúen las carencias.
Ortiz-Chacha también apunta que el aborto seguro no únicamente implica la interrupción del embarazo, también se debe contar con servicios de salud como atención ambulatoria, uso de tecnologías seguras (medicamentos y aspiración endouterinas), equipos multidisciplinarios técnicamente competentes, manejo del dolor durante el procedimiento y anticonceptivos posparto.
Estos servicios no son los únicos puntos que se incluyen en el marco jurídico como leyes estatales y federales y, específicamente, en el Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro en México en materia de aborto seguro, también se debe garantizar la confidencialidad y privacidad, la seguridad de la paciente, es decir, instalaciones adecuadas con equipamiento necesario, buen trato con personal capacitado y trato sin estigma.
Tras este amplio panorama sobre el aborto en México, Ortiz-Chacha declaró que se carecen de registros oficiales de interrupciones legales del embarazo o vinculadas con una causa legal, lo que implica “una limitada información pública sobre el aborto en México, en materia de salud y como delito (juicios iniciados y aquellos por denuncias de abortos)”.
Sin estos datos, dijo, es fácil “desconocer el sentido que deben de tomar las intervenciones sobre todo a nivel instituciones”.
