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Por presupuesto reducido la universidad pública es incapaz de cumplir con la ley

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Con presupuestos empobrecidos las instituciones de educación superior son incapaces de hacer frente a los requerimientos de gratuidad y obligatoriedad que plantea la Ley de Educación Superior, concluyeron especialistas en educación en el coloquio “La Universidad Pública frente a su actual momento histórico”, efectuado en el marco del 25 aniversario de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV).

Los doctores Alma Maldonado Maldonado, Carlos Iván Moreno Arellano y Pedro Flores Crespo comentaron con preocupación las condiciones de crisis presupuestales que enfrentan las universidades públicas por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y reflexionaron sobre una ley llena de buenas intenciones pero que no dota al sistema educativo de los mecanismos para exigir su cumplimiento.

Los especialistas también destacaron cómo estas condiciones precarias en las que ven envueltas las universidades, así como los sectores de ciencia y tecnología, traerán como resultado profesionales igualmente empobrecidos que serán incapaces de responder a los requerimientos del mundo laboral del siglo XXI.

La educación no ha sido prioridad

El profesor e investigador Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de Innovación en la Universidad de Guadalajara, acusó que la “educación no ha sido una prioridad” del gobierno mexicano. Desde 2015 es notorio el declive presupuestal en inversión educativa y si se atiende a lo que proyecta invertir el gobierno en 2023, serían 50 mil millones de pesos menos, es decir 80 por ciento menos de todo el presupuesto.

Agregó que sumado a esto se ha padecido la extinción de fondos extraordinarios, que si bien podían ser criticables porque “te daban recursos para invertir pero después no te regularizaban, es decir te quedabas con la infraestructura, con los estudiantes, pero no con el dinero. Es una propuesta perversa en sí, estos fondos no fueron sustituidos por ningún otro mecanismo”.

Agregó que a pesar de este decrecimiento en inversión, las universidades públicas continúan aumentando sus matrículas pero teniendo que invertir menos en cada estudiantes, alcanzando cifras de 61 mil pesos menos, es decir, la cifra más baja en los últimos 23 años, lo que causa menor calidad y movilidad estudiantil.

Moreno Arellano cuestionó: “¿Qué problema resuelve que la ley diga que la educación debe ser gratuita y obligatoria. No hay más acceso para los sectores desfavorecidos, la matrícula no ha crecido. En México tenemos una obsesión con las leyes y no tanto con las políticas públicas para hacerlo realidad, no hay mecanismos suficientes. Si lo que dice la ley se materializara en las escuelas, tendríamos una situación académica distinta”.

Siguiendo esta línea, el investigador aseguró respecto de la obligatoriedad que “el cierre de brechas no es compatible con la austeridad”, pues aún no se han logrado avances en la cobertura nacional de educación superior, que es de 42 por ciento, es decir uno de cada cuatro jóvenes puede acceder a este tipo de educación y un caso similar ocurre en posgrados, donde solo uno por ciento de estudiantes estudian el doctorado, es decir, 51 mil jóvenes.

Por buenos deseos no paramos, falta cumplir la ley

Por su parte, la doctora Alma Maldonado Maldonado investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México, enfocó su participación en cómo justo en los momentos de crisis (como los que enfrenta el país por la pandemia) los países pobres optan por reducir los presupuestos en educación, lo que en México podría agravar la situación que vive este sector y que ya se están viendo las consecuencias:

“No hay fondos extraordinarios, ni tampoco presupuesto considerando la inflación, ni dinero para investigación, menos para becas en el extranjero, que se recortó en 60 por ciento. Esto es doloroso para las personas que nos formamos en el extranjero y que no se nos negó en su momento. Tampoco existen programas de repatriación ni programas mixtos. Es un momento crítico para el financiamiento de la educación”.

Ante este panorama poco alentador, la también editora del blog de educación de la revista Nexos, reconoció que no todo se trata de un problema de dinero y por tal cabría cuestionarse sobre la nueva ley ¿Es un proyecto de educación superior y realmente lo refleja? Para la investigadora la respuesta es clara: no lo es:

“Por buenos deseos no paramos. No deja claro cómo pueden cumplirse todas las condiciones necesarias para alcanzar la gratuidad y la obligatoriedad. Es el asunto, como dijo Carlos, nos gustan las leyes, los tratados internacionales firmamos todos. El problema es el cumplimiento y qué es lo que nos permite hacer”.

“La ley es un paso de organización del sistema, del subsistema, fue un avance para tratar de organizar. Pero si leemos la ley realmente no se ve un proyecto finalizado. Está bien hecha, escrita, pero no hay detrás algo que nos permita ver los grandes desafíos y grandes retos y hacia dónde moverse”.

La investigadora llamó a reflexionar el tema, sobre todo ahora que con la pandemia se empezó a cuestionar la pertinencia de la educación universitaria, “en Estados Unidos –no tengo datos de México– los jóvenes de 14 a 18 años que consideraban importante la educación universitaria antes de la pandemia era 60 por ciento. Después de la pandemia esta cifra bajó a 45 por ciento. Se están preguntando qué sentido tiene, ¿voy a estudiar cuatro o cinco años y para qué? Creo que ahí también está faltando está parte autocrítica”.

Incumplimiento de la ley muestra demagogia del gobierno

El doctor Pedro Flores Crespo, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, consideró que si bien la Ley de Educación Superior fue una propuesta interesante en el sentido de que permitió la participación de los diferentes actores, no ha cumplido con el financiamiento requerido para aplicar la ley en las universidades y menos para exigir su cumplimiento a los gobiernos federales y estatales.

Aseguró que esto provoca que se vulnere el estado de derecho, principio que permite a las autoridades y la ciudadanía el establecimiento de las leyes y sus límites, “solo sirvió para evidenciar la demagogia de un gobierno al que solo le quedan dos años y que va a dejar sedimentados prácticas y programas que van a tardar mucho en cumplirse y que quizá no se podrán remover”.

Recalcó que cuando se exige demasiado a las instituciones de educación superior pero no se les dota del financiamiento requerido, que además es uno de los factores que condiciona el éxito o fracaso de la implementación de una política pública, podría derivar en situaciones de corrupción.

Como en la Estafa Maestra

“Cuando en los 90 se firmó el Tratado de Libre Comercio se habló de una tercera hélice, en donde se esperaba que el gobierno, los empresarios y las universidades podrían hacer frente a las demandas de educación. Pero ahora está triple hélice se ha convertido en un búmeran de corrupción “.

“Esta situación puede provocar que las universidades ingresen a dudosos esquemas de vinculación. Pensemos en la Estafa Maestra, donde ocho universidades y el gobierno firmaron convenios de colaboración, contrataron 186 empresas y la intermediación costó mil millones de pesos, y encima estas triangulaciones eran ilegales. Esto provocó el desprestigio de la universidad pública, por lo que es responsabilidad de las universidades prevenir estos casos”.

Finalmente, los investigadores concluyeron que al final hay que pensar en quiénes son los que están siendo perjudicados con todo esto: los estudiantes, puesto que no se les dan herramientas, como el trabajo colaborativo, la capacidad crítica para hacer frente a un mercado laboral híper globalizado, y eso debería ser prioritario.

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