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Persisten impunidad y opacidad en el asesinato de Ernestina Ascencio, dicen ONG

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Agencias

A 15 años de la muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena nahua de 73 años agredida por soldados del 63 Batallón de Infantería en febrero de 2007, en Soledad Atzompa, persiste la opacidad y la impunidad de los responsables, señalaron organizaciones como Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas; Kalil Luz Marina y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.

Advierten que hay una cadena de hechos de violencias y discriminación perpetradas por instituciones estatales de alto nivel para lograr el ocultamiento de lo sucedido y obstaculizar la justicia, a pesar de que días después de que se celebrara la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 4 de diciembre de 2020, altas autoridades del Gobierno Federal anunciaran que presentarían un plan de atención a este caso.

Señalan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación y un informe especial en el que reconoció las irregularidades cometidas en el caso y concluyó que Ernestina sí fue víctima de violencia sexual, recomendó a la Fiscalía General de Veracruz reabrir la investigación, lo cual fue rechazado por las organizaciones dado que a intervención de la FGE en los hechos la descalifica para ello.

“Sostenemos que solo mediante una investigación independiente será posible conocer la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables, no solo de la violencia y discriminación que ocasionó la muerte de doña Ernestina, sino de orquestar la impunidad de los perpetradores y la opacidad de los hechos”, señalan en un posicionamiento. 

Afirman que lo anterior permitiría conocer la verdadera dimensión de las consecuencias ocasionadas a la familia y comunidad de doña Ernestina, así como a las mujeres indígenas y a toda la sociedad. 

“Solo de esa manera se puede iniciar el camino de la verdad y la justicia exigidas, así como de la implementación de medidas para evitar la repetición de los hechos. Esperamos que muy pronto la CIDH determine la responsabilidad en que ha incurrido el Estado mexicano por faltar a su obligación internacional de honrar y respetar los derechos humanos de doña Ernestina y de todas las mujeres indígenas de México que hasta el día de hoy son gravemente violentados”.

Hay que recordar que el 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue encontrada por su hija tirada en el monte donde llevó a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento del Ejército mexicano, en la comunidad de Tetlaltzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, doña Ernestina, en su lengua náhuatl, respondió: “los soldados se me echaron encima”.

A raíz de la agresión no recibió la atención médica que requería y falleció en la madrugada del día siguiente. Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que dio lugar al inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz.

Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, adelantó la conclusión del caso: “la señora Ernestina murió de ‘gastritis crónica’”. Esta versión fue secundada por la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGJ de Veracruz. La investigación fue concluida y archivada.

Desde 2012, diversas organizaciones llevaron el caso ante la CIDH denunciando al Estado mexicano por las causas que provocaron la muerte de doña Ernestina, por la falta de esclarecimiento de los hechos y por la impunidad de los responsables, así como por no adoptar medidas progresivas para garantizarle el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

El Estado mexicano fue denunciado por la violación al derecho a la verdad y su falta de protección eficaz dentro del sistema de justicia del país, en contra de quienes solicitaron acceso a información completa y veraz de lo ocurrido, así como en contra de toda la sociedad.

En 2017, la CIDH decidió que el caso cumplía con los requisitos para ser examinado por esa instancia internacional y abrió la fase de análisis de los hechos denunciados. Fue dentro de esa fase que el 4 de diciembre de 2020, en audiencia pública ante la CIDH, los representantes del Estado insistieron en que la muerte de Ernestina había sido ocasionada por causas naturales, negando toda responsabilidad.

Seis días después, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que dicha postura no representaba la posición del Estado mexicano, e informó que se había determinado que la FGE de Veracruz, reabriera las investigaciones sobre el caso y que el Estado presentaría ante la CIDH una propuesta de solución del caso.

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