Tulio Moreno Reyes
Este sábado, colonos organizados y representantes vecinales llevaron a cabo un bloqueo intermitente de la circulación en la carretera antigua Xalapa-Coatepec, conocida como Briones, en demanda del cierre definitivo de la mina Las Lajas, así como hacer frente al problema local de inseguridad.
El viernes pasado, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) clausuraron la mina tras conducir una inspección en la que no encontraron la documentación que autorizara la actividad extractiva de piedra basáltica que ya se estaba llevando a cabo. Sin embargo, la demanda es que se clausure definitivamente, puesto que en otras ocasiones ya se ha declarado la ilegalidad de esta actividad, pero el propietario cada vez que considera la oportunidad relanza el proyecto.
Al respecto, durante la manifestación a la altura de la congregación Zoncuantla, la química investigadora y vecina, Zaira Domínguez Esquivel, expuso que el cierre se dio luego de que, desde hace varias semanas, asociaciones y vecinos pidieran que se pusiera atención al tema de la mina, porque es un proyecto ilegal, enfatizó, y el dueño tiene unos “permisos caducos” desde hace 30 años con los que intenta de forma reiterada volver a operarlo.
“El día de ayer, afortunadamente, sí fueron Profepa y Sedema, no tenemos detalles de cuál fue la resolución oficial ni qué le dijeron al dueño de la mina, lo que sí se sabe es que apareció una foto en medios donde se daba a conocer la clausura.
“Lo que nosotros queremos es que la clausura sea definitiva, agradecemos mucho a las instancias que sí atendieron la solicitud de ciudadanos y asociaciones, y lo que pedimos es que le den el seguimiento para que no volvamos a tener que estar nuevamente peleando con un proyecto que no tiene razón de ser”.
Domínguez Esquivel recalcó que el principal reclamo es debido a las afectaciones al medio ambiente y a las reservas hídricas que este proyecto ocasionaría, “no estamos a estas alturas de la vida como para estar dándonos el lujo de perder las fuentes de agua, entonces continuamos el proceso que ya se inició, y que Conagua y el ayuntamiento también hagan su trabajo”.
La vocera de los pobladores en resistencia contra la mina de Las Lajas añadió:
“A Conagua exhortamos que vaya a ver los daños que este proyecto le ocasionó al río, removieron montón de tierra y vegetación y la echaron en dirección al río, entonces esto amerita también sanciones a quienes hayan ocasionado ese daño, porque el río Suchiapa es uno de los pocos que le quedan limpios a Coatepec”. Para identificar dicho afluente, refirió, es el que va a dar a la cascada de Bola de Oro, bien conocida en el municipio.
Acerca del ayuntamiento, también le urgen a que actúe, “porque ha sido omiso si no es que cómplice de este asunto, pues tiene conocimiento (de su operación clandestina) desde hace un mes y hubiera podido parar todo esto si hubiera hecho su trabajo, ¿por qué esperar a dañar de esta forma?”, cuestionó Zaira Domínguez.
La zona donde está el predio de Las Lajas es reserva ecológica productiva, por lo un proyecto de este tipo “no tiene cabida ahí”, y para que se hubiera echado a andar tendría que haber habido cambio de uso de suelo, no obstante, precisó, tienen la respuesta oficial del ayuntamiento de que éste no fue otorgado, entonces desde el primer momento habrían podido actuar.
Pero esto no fue así, “increíblemente, porque no tiene un plan b el ayuntamiento para darle agua a las 4 mil 500 personas que dependen del manantial Las Lajas, no le podría dar el agua, porque esta gente está en la parte alta”, entonces, consideran inexplicable la negligencia de las autoridades municipales, “no sabemos por qué no ha hecho nada, cuando, además, en el plan de trabajo, el alcalde habla de los cuerpos de agua, de la importancia de ellos y de las comunidades en la lucha de sus derechos por acceso a ella y un medio ambiente sano”, expuso.
Ante el cuestionamiento sobre los rumores de grupos armados vigilando el predio o si ha habido amenazas, la representante comentó: “Esparcieron el rumor de que había gente armada alrededor del peñasco y que inclusive había participación del Ejército en el proyecto, entonces evidentemente eso intimidó a la gente, a los opositores del proyecto de la mina, porque se crea la impresión de que no se puede hacer nada. No se ha confirmado que los haya, el dueño de la mina se encargó de esparcir el rumor, lo que sí vieron los vecinos fue gente vigilando que se autopresentaba como de seguridad, pero no conocemos más, porque es propiedad privada”.
Conflicto añejo
Las concesiones de minería tienen más de 30 años y se otorgaron en 1992, “cuando las obtuvo, los requisitos eran más laxos. Hemos revisado y leído los supuestos permisos y, por cierto, hasta en esa época se le hacían recomendaciones de que no podían remover a lo bruto como han hecho; en ellos ni siquiera se da cuenta de que existe un manantial tan cerca”, indicó Domínguez.
Posteriormente, ocurrió un ordenamiento urbano en 2004 por el que la zona queda como reserva ecológica productiva, pero la razón de que ante tanto tiempo no se haya resuelto el problema radica en la falta de medidas definitivas, estima la investigadora.
“En su momento, las veces anteriores que el dueño intentó abrir la mina, las intervenciones de la Sedema, Conagua y la extinta Sedere sí fueron muy importantes, porque justamente ellos dieron cuenta de que, en efecto, los trabajos en la mina podrían afectar al manantial y al río, en esas ocasiones, 2005 y 2012, los dictámenes que hicieron fueron contundentes para decirle ‘no puede usted explotar la mina’, porque tendría que garantizar, a través de estudios geológicos, hidrográficos muy complejos, que no va a molestar ni tantito a la fuente de agua.
“Eso sirvió como candado, porque realmente son muy complejos los estudios técnicos que lo respaldaran y nunca los ha logrado tener, pero de repente intenta sorprender, cuando cambian las administraciones y cuando viene un proyecto que puede ser jugoso, como la segunda etapa del libramiento de Coatepec; sacando sus permisos del 92, pero si no hay autoridades que actúen de forma inmediata, lo va a seguir intentando”.
Para concluir, Domínguez Esquivel afirmó que atenderán el informe cuando se haya dictaminado:
“Estamos seguros que es un proyecto inviable por donde se le vea. Vamos a estar al pendiente hasta que haya una clausura definitiva, que las autoridades terminen de hacer su trabajo”.
Piden pobladores detener atracos e inseguridad en Briones
Al tiempo de la protesta contra la mina, otra organización de vecinos de Coatepec se manifestaba en reclamo por la inseguridad que padecen en la zona, donde la tendencia en casos de asaltos y robo a vivienda es incremental. A manera de ejemplo, la representante Patricia Ponce adujo que, en el año 2022, hubo 50 incidentes, mientras que, en este año, hasta abril, se cuentan 25 atracos, por lo que se estima que 2023 cierre con el doble de casos.
“Por un lado, (se suscitan) intentos de entrar a las casas, de día inclusive. Entran, rompen tu cerco, si llegas en ese momento o pasa la policía se van. Han entrado a robar joyería y dinero, pero hay lugares donde han entrado hombres armados y encapuchados a amagar a las personas, como sucedió antes de llegar a Plaza Briones el martes pasado.
“Pero, además –continuó–, en la cascada Bola de Oro, que es la microrregión en donde nosotros trabajamos, a principios de enero, sujetos armados atacaron a unas personas e incluso mataron a su perro. De igual manera, la gente ya no puede bajar al río a nadar, porque se ha vuelto peligroso. En las pozas, el mes pasado, agarraron a unos ciclistas y les quitaron la bicicleta, celulares y los mandaron descalzos y encuerados a sus hogares”.
Las autoridades de los distintos niveles de gobierno los reciben, sin embargo, se burlan de ellos y arguyen que no hay recursos, dio a conocer. A pesar de que llevan años de negociaciones con la mesa de seguridad de la policía en Coatepec, donde reconocen que efectivamente esto ocurre en la región, no han tomado medidas suficientes para pararlo.
“Viene una patrulla que se da una vuelta tres veces a la semana y la policía montada una vez, no tenemos un reclamo para esos policías, tienen que cuidar localidades tan lejanas como Tuzamapan; no les da, con tres patrullas y 20 elementos no les da”.
Con todo, señala Ponce, ese es problema del municipio de Coatepec, puesto que ellos pagan sus impuestos y lo que esperan los habitantes de colonias y fraccionamientos de la zona es que se vean reflejados en la atención de esta demanda de seguridad.
De acuerdo con Patricia Ponce, a lo anterior se agrega la impunidad, ya que, no obstante la serie de denuncias que se meten cuando hay robos, “las carpetas de denuncias de todos los vecinos de la región están durmiendo el sueño eterno, porque no han agarrado a un solo ratero. Denunciar ¿para qué? Lo seguimos haciendo, porque es una acción ciudadana, pero no hay respuesta. Entonces: no robos y basta de impunidad”.
Señaló que los colonos presumen que el aumento de los casos de robo y saqueo a viviendas se debe a que los ladrones, “le tienen tomado el pelo a la policía y a la misma gente: ponen sus vigías y ven que sube el coche, placa tal, y bajan a robar. Tenemos otro problema que se ha dicho a las autoridades numerosas veces, que muchas casas colindan con fincas, aquí abajo en La Pitahaya y arriba es su mecanismo para entrar, entonces, si la patrulla va y se para enfrente de tu casa, no sirve.
Ante ello, dijo, piden que la policía montada se meta y recorra las fincas o que emplee cuatrimotos debido a la irregularidad de los terrenos, de los cuales ya han mostrado los planos indicando los puntos vulnerables, por donde se desplazan los presuntos delincuentes.
“O nos dan seguridad y protección o vamos a seguir aquí y nos vamos a ir más allá si es necesario”, finalizó Patricia Ponce.
