Los campesinos que fueron desalojados del predio Jinicuil Manso por órdenes de un juez federal con el uso de la Fuerza Pública el pasado viernes, regresaron a invadir, acusaron los propietarios.
Cabe recordar que la mañana del viernes 26 de abril, cerca de 100 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumplieron la orden de desalojo de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) de varias hectáreas de terrenos particulares en el predio de Jinicul Manso, municipio de Coatepec.
Las familias denunciantes confirmaron que la SSP llevó a cabo la orden judicial pero incumplieron otros mandatos del juez federal que permitieron el regreso de los de la Cioac.
En un escrito enviado por los propietarios señalan que “debiendo llevar a cabo el desalojo de todas las personas que en ese momento se encontraban así como el retiro de los objetos, pertenencias y/o viviendas de los mismos, esto no se cumplió; y que se dejara libre de elementos ajenos, tampoco”.
Mencionaron que otra instrucción que no se obedeció fue que el DIF municipal debió asistir para verificar que se actuara conforme a perspectiva de género y del adulto mayor.
Los propietarios informaron que por órdenes del juez federal la Fiscalía General del Estado (FGE) debió asumir los gastos que resultarían de las diligencias, que va desde bienes, medios, insumos, herramientas y personal, pero tampoco lo acataron.
“Los gastos de la diligencia no podrán ser asumidos por las víctimas, debiendo la Fiscalía de aportar los bienes, medios, insumos, herramientas y personal a su cargo necesarios para llevar a cabo dicha diligencia, pero no se cumplió”.
El juez dio la orden de que el fiscal de distrito de Coatepec debería de cerciorarse que se cuenta con los instrumentos vastos y necesarios para que sólo así se procedería su ejecución, pero aquí también hubo omisión.
Dicho funcionario tenía que asegurar los bienes muebles, los cuales deberían ser depositados y resguardados por la representación social “y tampoco se cumplió”.
Derivado de que no se hizo lo arriba descrito, las víctimas contrataron los servicios de la notaría pública número 4, a cargo de Adriana Florene Grajales Tenorio, con la finalidad de dar fe de hechos y que certificara el estado que guardaba el predio.
Para que la notaría pública llevara a cabo la certificación, a las 15:40 horas las víctimas viajaron junto con ella en un vehículo hacia el predio cuando fueron atacados con petardos.
“En la subida reventó un petardo o balazo muy cerca de nosotros. Al pasar por la entrada del predio observamos a 15 personas aproximadamente y 10 personas dentro del terreno. Nos gritaron: ‘malditos’, ‘putos’, ‘rateros’ y aventaron piedras a la camioneta en la que íbamos y la golpearon con palos. Decidimos seguir avanzando y no detenernos”.
Por lo anterior, los dueños del predio presentaron una denuncia previa ante la Fiscalía General del Estado por el delito de amenazas, que quedó radicada con el numero 056/2023 del índice de la Fiscalía Séptima de la Unidad Integral Coatepec.
