El gobierno de Veracruz no autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE) la emisión del voto de las personas en prisión preventiva, mientras que Yucatán adujo que estaba imposibilitado material y técnicamente para enviar los datos de esta población.
A la vez, Coahuila, Jalisco y Zacatecas no han respondido nada sobre el número de integrantes de este grupo que tienen derecho a sufragar, se informó en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE.
El voto en prisión se haría de manera anticipada a la elección del 2 de junio y el objetivo es aplicarla en 218 de los 255 centros penitenciarios que operan en el país.
Con base en una primera verificación, el RFE constató datos en el padrón de 59 mil 548 personas en esa circunstancia, a quienes el INE pretende entregar una invitación personalizada para que voten. Al momento se han entregado 20 mil 100 invitaciones.
Sin embargo, sólo 23 de las 32 entidades federativas han firmado los convenios macro de colaboración con el INE, necesarios para llevar a cabo esta votación especial.
La Secretaría de Seguridad de Veracruz consideró que “no era viable” la suscripción del convenio, por lo que consejeras electorales advirtieron que no puede haber una negativa tajante, porque se trata de un derecho ratificado esta semana por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Que Veracruz simple y llanamente diga que no hay condiciones y diga que no va a firmar el convenio, siendo que esto es un mandato de la Sala Superior, es un derecho de las personas que están en prisión preventiva y que una autoridad simple y llanamente se niegue, sin ningún argumento, además, a firmar un convenio para garantizar este derecho, me parece muy muy grave”, dijo la consejera Carla Humphrey.
También pidió “agilizar los trámites” al interior del INE, y sobre todo que la dirección jurídica no quite el dedo del renglón.
La consejera Dania Ravel señaló que esta votación siempre trae consigo varios retos como la alta movilidad de esta población, pues su situación jurídica puede cambiar, ya sea porque fueron sentenciados – y quedan suspendidos sus derechos políticos- o porque obtengan la libertad.
Sin embargo, añadió, porque la labor del INE “depende mucho de lo que nos permitan hacer las autoridades penitenciarias” y de la información que proporcionen: número de personas en prisión y sus datos personales, así como las condiciones de infraestructura de los propios centros penitenciarios.
