El “descuido” o desconocimiento del área jurídica o no llevar bien el tema como debe ser ha orillado que los tribunales superiores “estén dando palos” al Congreso del Estado, “tirándoles los acuerdos decretados en muchas ocasiones”, reprochó Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT).
Refirió que la representación popular debería revisar un poco más este tipo de asuntos, “porque le están dando palos y ya son varias veces”.
Cabe mencionar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, dejó sin efecto el nombramiento de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos y resolvió que Gladys Pérez Maldonado sea restituida al considerar que el Congreso, de mayoría morenista, arbitrariamente determinó que Pérez Maldonado no era idónea para ser ratificada en el cargo.
El petista pidió a los legisladores “revisar más las leyes, aplicar métodos diferentes, porque la Ley a veces nos dice otra cosa. Y si el jurídico se descuida o no lleva el tema como es, suceden estas cosas y que luego los tribunales superiores les estén tirando algunos acuerdos”.
En el caso de la magistrada Pérez Maldonado, se dice, incumplió con las normas para negar un segundo periodo de la sustituida pues las razones dadas por el Congreso para no ratificarla en su cargo fueron insuficientes e incorrectas.
Este “error y actuar arbitrario” de los diputados morenistas del Congreso le costará al Tribunal Superior de Justicia del Estado 4.5 millones de pesos, por la reinstalación de la magistrada y pago de salarios caídos desde el 7 de julio de 2020, monto que no está contemplado en el presupuesto del Poder Judicial.
De igual manera, dijo que también se “tiró” la Ley de Afrodescendientes, por lo que dice la diputada Margarita Corro que cumplirán el mandato judicial y habrá consulta a los hermanos afromexicanos.
Confió en que los diputados locales, en su mayoría morenistas, no sigan exhibiendo a Veracruz con estas fallas que ponen en entredicho la actuación de quienes elaboran las leyes en la entidad.
Por otro lado, Aguilar se refirió a la detención por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército del presidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez García, y llagó a todas las autoridades municipales para que de acuerdo con la ley y quienes así lo crean conveniente, soliciten a las autoridades los permisos a efecto de poder portar arma de fuego.
“Es normal que debido al clima de inseguridad que se vive en algunas regiones del Estado, y por su propia seguridad, se hace necesario que porten armas, pero estas deben tener el permiso para que no se preste a malas interpretaciones”, resaltó.
