La reforma a la ley que regula la minería, aprobada la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados, representa un paso adelante, pues pone límites a las grandes empresas nacionales y extranjeras que por décadas han explotado el suelo nacional, afirmó Violeta Núñez Rodríguez, especialista en el tema e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
No se trata ni de una nacionalización o una expropiación, explicó, “es un avance para el país, pues ahora se podrá integrar a todos los participantes del sector, desde trabajadores hasta las comunidades que pudieran resultar afectadas por los gigantes de la industria”. La legislación aprobada será revisada por el Senado.
Ahora, precisó la especialista, las empresas mineras ya no contarán con concesiones hasta por 100 años (un primer periodo de 50 años con posibilidad de prórroga por un plazo similar), como establece la legislación vigente hasta ahora. Se reduce de 50 a 30 años la primera concesión con una prórroga de forma directa por 25 años, y en caso de requerir un segunda por otros 25, las firmas tendrán que entrar a un proceso de licitación. Así, la concesión puede durar hasta 80 años.
En la propuesta inicial del presidente López Obrador, el plazo máximo de una concesión era de 30 años (dos periodos de 15).
“La reforma pone límites a todo el gran sector minero. Hay que tomar en cuenta que anteriormente no se cumplían con los tratados internacionales en términos del medio ambiente y se violaban artículos constitucionales. Ahora, falta el Senado, pero es un avance muy importante para el sector minero mexicano”, dijo la especialista en entrevista con La Jornada.
Consideró que la oposición no puede calificar la aprobación a las modificaciones de la Ley Minera como un madruguete, ya que el presidente, Andrés Manuel López Obrador había dado a conocer desde 2018 el plan para este sector y las modificaciones que buscaría hacer “por lo que no se trata ni de una nacionalización o una expropiación del sector, es poner orden, sobre todo a las grandes empresas”.
Puntualizó que ahora, en caso de que las mineras requieran una tercera prórroga para sus concesiones, que se irá a licitación, “deberán pagar impuestos y deben de poner a trabajar la tierra que les fue otorgada, ya que anteriormente eso no se hacía, las concesiones eran utilizadas para el mundo financiero y ahora se tendrán que trabajar si quieren avanzar.
“Se ponen límites a la gran minería que han gestado parte de los hombres más ricos del país, como Germán Larrea, Carlos Slim o en su momento Alberto Bailleres… Es una gran transformación fijar que si los empresarios mineros quieren explotar deben tener el consentimiento de las comunidades, resulta un avance fundamental, la gran minería nunca lo hizo, tampoco nunca se responsabilizó de la parte ambiental”, expuso Núñez Rodríguez.
Agregó que “otro tema importante es el agua, se derogan las concesiones preferentes para el uso de agua de estas grandes empresas, y esa es una muy buena noticia, incluso, de no llegar a cumplir todas las nuevas normas habrá sanciones penales, que se podrían castigar con cárcel para los que resulten responsables”.
La industria minera mexicana ha sido dominada por empresas extranjeras, sobre todo canadienses, y por grandes consorcios de magnates, como lo son Frisco, propiedad de Carlos Slim; Grupo México, de Germán Larrea, y Peñoles, de la familia Bailleres.
Por su parte, las mineras canadienses se especializan en la extracción de oro y de acuerdo con diversos estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 60 por ciento del negocio en el país está en sus manos.
Según información del gobierno de México, actualmente la extensión de las concesiones vigentes para las mineras es de 16 millones de hectáreas, el equivalente a la superficie territorial del estado de Chihuahua, ocupan más del 7 por ciento de las áreas naturales protegidas y 100 firmas aprovechan 250 millones de metros cúbicos de agua de forma anual.
“Eso es lo que actualmente está activo, pero de 1992 a la fecha se concesionaron 117 millones de hectáreas”, dijo la especialista de la UAM.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que las actividades mineras aportan un 2.5 por ciento al producto interno bruto (PIB). Información de la Secretaría de Economía señala que las empresas mineras pagan de impuestos al gobierno federal 0.002 por ciento de sus ingresos, motivo por el cual no se han otorgado más concesiones para la exploración de tierras.
Sin embargo, la Cámara Minera de México (Camimex) asegura en su último reporte de sustentabilidad, que es el sector que más impuestos paga al fisco, y en 2021, por el concepto de impuestos y derechos, entregó al gobierno federal 64 mil 105 millones de pesos, la mayor cantidad desde que hay registros.
Resalta que las empresas de extracción en el país pagan de 8 a 188 pesos semestrales por cada hectárea de tierra que recibieron del Estado mexicano en concesiones durante anteriores administraciones. El pago de derechos es la contribución que los beneficiarios de las concesiones deben dar por utilizar los bienes de dominio público.
