La visita del primer ministro de Canadá a México llega rodeada de un aire de cortesía diplomática, sonrisas protocolarias y promesas de cooperación. Pero detrás de la foto oficial, de los discursos sobre “amistad” y “socios estratégicos”, se esconde un tema que incomoda y debería incomodar aún más: el comportamiento depredador de las mineras canadienses en nuestro territorio. Un comportamiento que contrasta brutalmente con el que esas mismas empresas mantienen en su propio país, donde las reglas son claras, las comunidades son respetadas y la devastación ambiental no se tolera.
Es un doble estándar que resume con precisión la asimetría de la relación: Canadá presume de democracia verde puertas adentro, mientras permite que sus corporaciones actúen como bárbaros en el extranjero. La pregunta es obvia: ¿a qué vino el primer ministro en México? ¿Vino a defender inversiones o a escuchar, por fin, que su país no puede seguir tolerando que se destroce el nuestro? No es cosa menor, existen 238 mineras canadienses que operan en el país. Todas han dejado en México un saldo de heridas profundas: pueblos desplazados, montañas perforadas hasta la extenuación, ríos envenenados con cianuro y comunidades enteras atrapadas en conflictos sociales por la disputa de la tierra y el agua. Los casos son múltiples y documentados: desde Sonora hasta Oaxaca, pasando por Guerrero y Zacatecas, las historias se repiten con la monotonía de una pesadilla. Vamos, basta recordar que en el escudo de San Luis Potosí aparece el cerro San Pedro; hoy inexistente porque la minera canadiense San Xavier lo devastó para extraer el oro que quedaba por el peor método posible, la lixiviación.
El modelo es simple y brutal: concesiones a 50 o 100 años, pago de impuestos simbólicos, explotación intensiva, saqueo de recursos no renovables y abandono del territorio cuando ya no queda nada que arrancar. Si esto ocurriera en Canadá, los responsables enfrentarían multas millonarias, clausuras inmediatas y un escándalo político de proporciones oceánicas. Pero aquí, se beneficiaron de la complicidad de los gobiernos neoliberales que vieron en las mineras extranjeras una fuente de “inversión” y no de despojo mientras que en Canadá, esas mismas empresas están sujetas a regulaciones muy estrictas: auditorías ambientales, respeto a las comunidades indígenas, altos estándares de seguridad laboral. ¿Por qué ese celo en casa y esa permisividad afuera? La respuesta es tan vieja como el colonialismo: porque aquí pueden, porque aquí durante años se les permitió comprar voluntades y torcer instituciones.
El primer ministro no puede fingir sorpresa. Organizaciones internacionales, académicos, defensores de derechos humanos y hasta organismos de Naciones Unidas han señalado las violaciones cometidas por mineras canadienses en México y América Latina. La diplomacia canadiense, sin embargo, ha actuado como fiel escudero de sus corporaciones, presionando discretamente para que se respeten “los contratos” y se garantice “certeza jurídica”. El eufemismo perfecto para blindar el saqueo.
La diferencia es que hoy México no es el mismo de hace veinte o treinta años. La transformación política que vive el país incluye también la decisión de revisar concesiones, exigir el cumplimiento de leyes ambientales y, sobre todo, escuchar a las comunidades afectadas. La visita del primer ministro se produce, pues, en un momento en que el discurso de “inversión extranjera” empieza a ser puesto en duda, y donde los gobiernos ya no pueden desentenderse de la protesta social que genera cada derrame tóxico, cada mina a cielo abierto, cada pueblo convertido en basurero industrial.
Plantear este tema en la mesa no es un capricho nacionalista, es una necesidad de supervivencia. México no puede seguir siendo patio trasero ni depósito de costos ambientales de corporaciones extranjeras. Y si el primer ministro quiere que la relación bilateral sea honesta, debe empezar por reconocer que Canadá tiene la responsabilidad de poner en cintura a sus empresas. Por lo demás, es posible que lo haga, al fin y al cabo Mark Carney es un político de centro izquierda, lo que supondría una sensibilidad más despierta para interiorizar la pesadilla extractivista de las empresas mineras canadienses.
El reto no es menor. El poder económico de las mineras canadienses es enorme y su influencia política también. Pero ignorar el problema sería suicida. Porque lo que está en juego no es solo el equilibrio ecológico de regiones enteras, sino la credibilidad de cualquier discurso sobre cooperación y respeto mutuo. ¿De qué sirven los tratados de libre comercio si en la práctica las comunidades mexicanas se convierten en zonas de sacrificio para el enriquecimiento de accionistas en Toronto?
La relación entre México y Canadá podría ser ejemplar: dos países con tradiciones democráticas, con economías complementarias, con interés en combatir el cambio climático. Pero esa aspiración se estrella contra la realidad de las minas: mientras no haya reglas claras y justas, la diplomacia será pura retórica.
No basta con intercambiar discursos amables ni con hablar de “amigos”. La amistad se mide en actos, y el primer acto que se necesita es el compromiso de que las empresas canadienses respeten en México lo mismo que respetan en Canadá.
El tiempo de la impunidad minera debe terminar. Si Canadá quiere presumir de país civilizado, que lo demuestre no sólo en Ottawa, sino también en Zacatecas, en Sonora, en Oaxaca. En caso contrario, cada visita oficial no será otra cosa que un recordatorio de que el Norte viene a darnos la mano con un guante blanco, mientras detrás esconde la garra del despojo.
