El agua que no gobernamos

Veracruz es, en términos hidrológicos, una de las entidades más ricas del país. Por su territorio escurren cuencas que alimentan ríos que llegan al Golfo cargados de agua dulce. El bosque mesófilo de montaña en la sierra central –uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta– funcionó durante siglos como fábrica de niebla y regulador de caudales. Xalapa y Coatepec fueron ciudades de niebla: ese microclima era su identidad y su infraestructura hídrica invisible. Ya no lo son. La fragmentación sostenida del bosque modificó los regímenes de lluvia y adelgazó el colchón hídrico que abastece a la capital del estado. Lo que se perdió no fue paisaje: fue función. El Papaloapan, el Coatzacoalcos, el Jamapa, el Actopan: nombres que deberían evocar prosperidad hídrica. Y sin embargo, Veracruz tiene municipios sin agua potable confiable, comunidades serranas que compran el líquido en pipas y ríos que llegan al mar convertidos en registros de emisiones acumuladas: descargas industriales no sancionadas, derrames que se repiten, peces muertos que flotan como evidencia de una autoridad ambiental que actúa tarde o no actúa. La paradoja no es geográfica. Es política. Lo que ocurrió el 16 de junio en el Papaloapan –mortandad masiva de peces, jaibas, tortugas y camarones provocada por el vertido de vinaza de una alcoholera en Nopaltepec– no fue una anomalía. La diputada federal de Morena, Margarita Corro Mendoza, lo dijo sin rodeos: no es la primera vez. En años anteriores las mismas industrias ya habían vertido impunemente. La empresa fue suspendida. La pregunta que nadie responde es por qué operaba sin consecuencias desde antes. El río El Chino repite el patrón. Más de 2 mil familias de Cosamaloapan, Ixmatlahuacan, Ignacio de la Llave y Alvarado –pescadores, ganaderos, comunidades ribereñas– enfrentan la mortandad de fauna acuática y la inutilización de un cuerpo de agua del que dependen. El diputado local Felipe Pineda Barradas fue preciso: la contaminación se presenta de manera recurrente cada año, pero en esta ocasión alcanzó una dimensión mucho mayor. En Nopaltepec operan una alcoholera, un ingenio azucarero y una planta vidriera. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, la Conagua y la Sedema ya investigan. Cuatro instituciones en movimiento. Ninguna con un responsable nombrado todavía. Lo que estos dos episodios revelan no es negligencia puntual sino la lógica de un modelo. Las agroindustrias instaladas en esas cuencas operan con el río como variable de costo externo: vierten, contaminan y transfieren el daño a las comunidades ribereñas, a los pescadores, al ganado, al ecosistema. La recurrencia anual que ambos legisladores documentan es evidencia de que el sistema funciona así por diseño, no por descuido. Si hubiera consecuencias reales, la conducta cambiaría. No ha cambiado porque las consecuencias no han llegado. Veracruz aparece en los mapas nacionales como zona de abundancia. Esa narrativa ha servido para justificar la inacción: si hay agua, no hay urgencia. Pero la abundancia en las cuencas no se traduce automáticamente en acceso ni en calidad. Tres décadas después de 1990, el estado sigue entre los más rezagados del país en cobertura de agua potable. La distancia entre el río y la llave no la cierra la geografía sino la gestión: infraestructura que no se construyó, autoridad ambiental que llegó tarde, voluntad política que no se sostuvo. La deuda no la contrajo una sola administración: la heredaron todas y ninguna la saldó. Lo que está en juego no cabe en un programa emergente ni en una declaratoria de temporada. La contaminación recurrente de los ríos veracruzanos es un problema de Estado: implica omisión de autoridad, captura regulatoria y daño sistemático a bienes comunes que la Constitución obliga a proteger. Las investigaciones abiertas en el Papaloapan y en El Chino tienen que llegar hasta donde los procesos anteriores no llegaron: identificar responsables con nombre, fincar sanciones que duelan económicamente y, donde corresponda, ejercer acción penal. Una suspensión temporal no es consecuencia: es pausa. La diferencia entre ambas es la que separa la simulación de la justicia ambiental. Veracruz tiene el territorio, las cuencas, los ríos, el bosque. Lo que no ha tenido es el gobierno dispuesto a defender ese patrimonio frente a quienes lo degradan con rentabilidad y sin castigo. Esa disposición no se declara: se demuestra en los expedientes que se abren, en las multas que se ejecutan y en los funcionarios que explican por qué permitieron, año tras año, que las mismas empresas operaran como si los ríos no tuvieran dueño. Los tienen. Se llaman comunidades, y llevan demasiado tiempo pagando una deuda que no contrajeron.