La muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, no fue sólo una tragedia individual ocurrida en febrero de 2007. Fue —y sigue siendo— una prueba moral del Estado mexicano, y el Estado decidió fallar. No por error, no por insuficiencia técnica, sino por “decisión política”.
Dieciocho años después, el anuncio de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado ya sentencia contra el Estado mexicano, cuyo contenido se conocerá hoy, devuelve al centro del debate un caso que el poder quiso sepultar con rapidez, cinismo y desprecio. No se trató únicamente de proteger a posibles responsables materiales; se trató de proteger al aparato.
En 2007 gobernaban el PAN a nivel federal y estatal. Es un dato histórico ineludible. Pero reducir el crimen de Estado cometido contra Ernestina Ascencio a una coyuntura partidista sería una forma cómoda —y falsa— de exonerar a la estructura profunda que operó entonces y que, en buena medida, sigue intacta.
El mensaje fue brutal y claro: si eres mujer, indígena, pobre y habitas una región militarizada, tu cuerpo no es sujeto de derechos; es territorio administrable.
El papel del Ejército: negación, cierre y disciplina del relato. Desde el primer momento, el Ejército mexicano negó categóricamente cualquier responsabilidad. La Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que ningún elemento militar tuvo contacto con Ernestina Ascencio, que no existió agresión sexual y que su muerte obedeció a causas naturales. La versión oficial habló de gastritis crónica, anemia y desnutrición, descartando cualquier forma de violencia.
No fue una postura técnica: fue una línea política. La de un gobierno espurio que ya había declarado una guerra intestina con fines de legitimación.
Esa versión fue respaldada de inmediato por la entonces Procuraduría General de la República, que cerró la investigación penal con una velocidad inusual, desestimando testimonios comunitarios, inconsistencias médicas y peritajes independientes. El mensaje fue inequívoco: la palabra del Ejército no se investiga; se impone.
Así, el Estado no sólo negó los hechos. Clausuró el derecho a la verdad.
Pero Ernestina Ascencio no es un caso aislado. Es parte de una larga secuencia de crímenes de Estado donde la respuesta institucional sigue un guión conocido: negación inicial, control del relato, desgaste de las víctimas y cierre administrativo.
Ahí están los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde el Ejército negó durante años participación, ocultó información clave y mantuvo en reserva archivos fundamentales. Un caso en el que la mentira oficial —la llamada “verdad histórica”— fue fabricada para cerrar el expediente, no para esclarecerlo.
Ahí está Acteal, la masacre de indígenas tzotziles en Chiapas en 1997, perpetrada en un contexto de militarización y contrainsurgencia, donde el Estado permitió la operación de grupos paramilitares y después administró la impunidad.
Ahí está Aguas Blancas, en Guerrero, donde campesinos fueron asesinados por fuerzas estatales en 1995, y donde el poder intentó ocultar los hechos hasta que la evidencia lo desbordó. Y, desde luego, ahí sigue el 2 de octubre.
En todos los casos, el patrón se repite: cuando la verdad amenaza a las instituciones armadas, el Estado se repliega, cierra filas y sacrifica a las víctimas en nombre del orden.
Por eso el crimen no termina con la muerte de Ernestina Ascencio; continúa con el encubrimiento, con la negación sistemática, con la humillación posterior a su memoria y a su comunidad. Continúa cada vez que se invoca la honorabilidad de las Fuerzas Armadas como argumento para no investigar.
La responsabilidad no es sólo de funcionarios específicos ni de un gobierno en particular. Es del Estado mexicano como entramado de poder, que históricamente ha preferido proteger a sus instituciones antes que garantizar justicia a los más vulnerables.
Durante años, el Estado mexicano apostó al olvido. Apostó a que una mujer indígena, anciana y pobre no tendría fuerza suficiente para atravesar las murallas del poder. Se equivocó. El caso llegó hasta la CIDH porque la justicia interna fue deliberadamente cancelada.
La sentencia que se conocerá mañana no devolverá la vida a Ernestina Ascencio. Pero sí puede romper una ficción largamente sostenida: la de un Estado que se dice democrático mientras administra zonas de excepción moral, donde la ley no entra y la verdad se negocia.
Este no es un ajuste de cuentas con el pasado. Es un espejo del presente. Porque un Estado que no esclarece, no repara y no sanciona, se prepara para repetir. Y porque mientras no se asuma plenamente la responsabilidad estructural —civil, penal, política y simbólica— el mensaje seguirá vigente: hay vidas que importan menos.
Mañana, cuando se conozca el contenido de la sentencia, habrá que volver al caso con precisión jurídica. Pero hoy, antes del fallo, una cosa ya es clara: el Estado mexicano perdió este juicio desde el momento en que decidió creerle al poder antes que a la víctima.
Y esa es una condena que ningún uniforme puede borrar y que la revolución pacífica 4T, está obligada a saldar.
