La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de validez de la reforma constitucional que garantiza el rango, antigüedad y prestaciones de soldados y marinos asignados a la Guardia Nacional (GN). Se trata de una medida provisional para subsanar el riesgo a la seguridad pública generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la transferencia de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ordenar el regreso de su mando y operación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De no haberse aprobado la declaratoria en San Lázaro, el fallo del máximo tribunal habría despojado de sus derechos laborales y su reconocimiento institucional al 83 por ciento de los efectivos de la GN, provocando una desbandada que la dejaría con apenas 20 mil de sus 120 mil elementos. Sobra decir que semejante escenario se traduciría en una crisis de seguridad sin precedente y en una grave desprotección de la ciudadanía ante individuos y grupos violentos.
En este contexto, cabe saludar que los legisladores de oposición atendieran el bien común y votasen a favor de esta norma urgente que ahora será discutida en el Senado. Sin embargo, queda claro que únicamente se aplazó el problema a un futuro cercano y se evadió el planteamiento de una solución de fondo, la cual consiste en reconocer y elevar a rango constitucional la necesidad de que la Guardia Nacional permanezca adscrita a la Sedena en tanto alcanza su madurez institucional, pues apresurar la transferencia la condenaría a caer en los vicios que marcaron a la extinta Policía Federal, echando a perder todos los esfuerzos y recursos empeñados en la construcción de un cuerpo de seguridad a la altura de los desafíos que enfrenta el país.
Es necesario recordar que dentro de las fuerzas armadas existe un espíritu de cuerpo que es imposible de reproducir en las instituciones civiles. Se trata de lazos de solidaridad y vínculos vivenciales entre tropa y mandos que refuerzan el sentido del deber de cada uno de sus miembros y les imbuye de una determinación única en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la vida castrense es productora de una disciplina peculiar que significa obediencia y respeto hacia quienes ejercen el mando. Esta disciplina incluye un seguimiento mucho más estrecho por parte de la oficialidad sobre la conducta del personal a su cargo, factor fundamental para minimizar los comportamientos inadecuados dentro de las corporaciones armadas y en la interacción de éstas con la sociedad.
La capacidad de los institutos castrenses del país para reclutar y formar nuevos elementos queda demostrada en el hecho de que la GN sumó en menos de cinco años más integrantes que la Policía Federal (con las diferentes denominaciones que tuvo) a lo largo de tres sexenios. Además, las fuerzas armadas están dotadas de un sistema de seguridad social propio que dan a la tropa la tranquilidad de salir a realizar sus tareas a sabiendas de que ellos y sus familias cuentan con una red de protección para lo cotidiano y para las emergencias.
Con lo dicho, resulta evidente que la Guardia Nacional debe continuar su fortalecimiento dentro del ámbito militar hasta que desarrolle todas las capacidades mencionadas y disponga de una generación de oficiales enteramente formada en su seno, libre de las falencias que llevaron al fracaso a las corporaciones civiles que la antecedieron.
