El Congreso de Veracruz aprobó el lunes el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para liquidar anticipadamente la deuda bursátil de 199 municipios. La medida es correcta. Llega tarde por razones que no son culpa del gobierno actual.
La bursatilización municipal se originó en 2008, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, mediante el Decreto 255. El esquema convirtió los derechos sobre las participaciones federales de los ayuntamientos en certificados bursátiles colocados en el mercado financiero. Los municipios recibieron liquidez inmediata. El sistema financiero recibió un flujo garantizado por 28 años, indexado en un 82 por ciento a la Unidad de Inversión —que desde entonces creció 112 por ciento— más tasas fijas y variables que hacían imposible proyectar el costo real al momento de firmar. No era un mal negocio por descuido. Era un negocio diseñado para ser malo para quien lo contrataba.
El resultado está en los números del propio dictamen legislativo: entre 2008 y 2026 los municipios pagaron 2 mil 725 millones de pesos sobre un capital inicial de mil 207 millones. De haberse mantenido el esquema hasta 2036, el costo total habría superado los 4 mil 839 millones: cuatro veces lo recibido. Esa es la rentabilidad esperada del mecanismo para quien lo diseñó del otro lado del mostrador.
El decreto aprobado interrumpe ese sangrado. El gobierno estatal cubrirá hasta el 75 por ciento del saldo insoluto de capital y el 100 por ciento de la prima por amortización anticipada. Los municipios aportarán el 25 por ciento restante mediante compensaciones sobre sus participaciones federales, sin intereses, sin indexación, con plazo máximo al año 2030. Los ahorros generados deberán destinarse exclusivamente a obra pública e infraestructura, con rendición de cuentas periódica a la Sefiplan.
La medida tiene riesgos. El programa requiere la adhesión de la totalidad de los 199 municipios; uno solo que se niegue puede bloquear el esquema. Si algún ayuntamiento gobernado por la oposición decide instrumentalizar su negativa como gesto político, estará usando a sus propios gobernados como moneda de cambio.
Pero el juicio de fondo no cambia: salir ahora es mejor que seguir pagando hasta 2036. El gobierno del estado absorbe hoy el costo de una decisión que tomó otro gobierno hace 18 años. Eso es administración responsable. Lo que no es, ni puede ser, es justicia. La factura de 2008 se liquida en 2026 con dinero público que pudo haberse destinado a otra cosa. Por esa deuda, nadie responde.
