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Concluye Senado comisión especial para investigar abusos de autoridad

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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República acordó concluir los trabajos de la comisión especial para investigar los casos de abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos en Veracruz, informó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Sin embargo, el senador comentó que los 90 expedientes que se integraron serán turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Gobernación para su seguimiento.

Ricardo Monreal explicó que el acuerdo fue suscrito por todos los grupos parlamentarios “para dar por concluido el trabajo de la comisión, yo voy a seguir, pero como coordinador, no debo involucrar a todo el grupo, debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias, y tampoco hoy me acompañaron todos a una decisión definitiva”.

El senador morenista comentó que no va a ceder en su posición, “como Ricardo Monreal voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de Del Río y de más de mil asuntos que están por ultrajes a la autoridad, y que no basta la derogación sino la libertad de todos ellos”.

Destacó que los 90 asuntos que conocieron se turnarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la Comisión de Gobernación del Senado de la República para que les den seguimiento, “vamos a darle seguimiento a los 90, porque no vamos a dejar sueltas o abandonadas a ninguna de las personas que confían en nosotros”.

El presidente de la Jucopo envió un mensaje al mandatario estatal, quien ayer anunció que tenía documentado bajo fe pública la existencia ilegal de la comisión creada en el Senado: “le diría que después de haber comentado la renuncia del senador Dante Delgado, y de haber iniciado este proceso de conclusión de la comisión, pensé que iba a actuar con más mesura, con más prudencia. Siempre, al funcionario público que lo acompaña la arrogancia y la soberbia no termina bien. Y yo creo que necesita abogados que lo asesoren y en Veracruz hay muy buenos políticos y muy buenos abogados. Le recomendaría que abandonara la arrogancia y la soberbia”.

Mil 33 detenciones en Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad

Mil 33 detenciones por el delito de ultrajes a la autoridad se han llevado a cabo desde marzo del 2021 a la fecha, confirmó la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns. 

La información fue proporcionada por la fiscal a petición de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, quien durante la comparecencia de Verónica Hernández Giadáns solicitó que en un plazo no mayor a 48 horas le enviara por escrito el número de detenciones implementadas por este delito.

En marzo del 2021, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma al Código Penal para incrementar las penas en torno al delito de ultrajes a la autoridad, una reforma que en un primer momento prendió las alarmas entre defensores de derechos humanos, y que ha terminado por confrontar a la clase política en el poder.

La iniciativa enviada al Congreso local por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez consistía en diversas adecuaciones al contenido de los artículos 331 y 371 quinquies del delitos de ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, incrementando su penalidad y dejando a discrecionalidad de la autoridad la configuración del delito.

De inmediato, una veintena de organizaciones, académicos y activistas lanzaron las alertas. A través de cartas públicas, señalaron que el delito fuera derogado del Código Penal, “por contravenir estándares nacionales e internacionales, impactando negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos y propiciando la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión”.

Solo unas horas después de ser promulgada la reforma al Código Penal, cayó el primer preso por este delito. El perredista Rogelio Franco Castán –en ese momento candidato plurinominal a diputado federal– fue acusado del delito de abuso de autoridad, cuando se resistió a ser detenido por policías ministeriales, pese a tener un amparo.

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