Los ataques contra candidatos y funcionarios durante un proceso electoral podrían reducir hasta 3 por ciento la participación ciudadana, alertó la coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, al presentar el reporte “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas.
Indicó que esto se traduce en que los votantes están tomando en cuenta lo que pasa en el contexto electoral, pero también identifican que “hay una vulneración por parte del crimen organizado en su administración pública, en el Estado, en su gobierno”.
Reveló que por cada ataque a candidatos sube casi 1 por ciento la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección y su sustitución por alguien de la fila para votar, y que con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos se desdibuja un elemento clave en la democracia de México.
Alertó que conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones el crimen organizado tiene aún mayor posibilidad de afianzar esos lazos con el Estado y con el gobierno.
“Eso es lo que nos preocupa, estos ataques sí están dejando su huella en la democracia, estos ataques también están teniendo su huella en la administración pública municipal, en la provisión de bienes y servicios; no solamente están pasando en el contexto electoral, pasan después de las elecciones y continúan conforme las nuevas autoridades electas toman posesión, se nombran los nuevos funcionarios de seguridad y justicia”.
Expuso que además su impacto no sólo queda en el año del proceso electoral, sino que cada ataque de autoridades en un año previo se asocia con un aumento de cinco unidades en la tasa de homicidios.
Ejemplificó que en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.
“La violencia política criminal tiene repercusiones en la capacidad de las instituciones para proveer seguridad y está tocando un bien público que es la razón del Estado, que es la provisión de seguridad”.
Agregó que entre el periodo 2006 y 2012 se habían documentado más o menos 311 ataques, pero en los últimos cinco años los ataques a candidatos y autoridades electas suman 836 casos; es decir, “casi tres veces más la violencia de lo que habíamos visto en el período calderonista. Este es un proceso que se ha intensificado a lo largo del tiempo como una forma también de incidir en la política local. No sólo estamos hablando de autoridades selectas y candidatos, sino que vemos ahora cómo estos ataques van al conjunto de la administración pública y se han expandido a lo largo del tiempo”.
Explicó que a partir del 2022 vemos un alza sostenida, pero además se han expandido en todo el territorio nacional. Hay 581 municipios en donde se experimenta un ataque de este tipo y en éstos vive 70 por ciento de la población de México.
“Estos ataques lo llamamos violencia político-criminal, que es el conjunto de ataques que los grupos del crimen organizado ejercen contra actores en la política y a través de estos ataques lo que se busca es incidir de manera más profunda en el control de la política local, en procesos electorales, en las instituciones particularmente de seguridad y justicia y los recursos públicos”.
En ese sentido, aseguró que no son solamente las personas candidatas las que están siendo atacadas, sino es el conjunto de la administración pública y la preocupación es la huella que esto deja para la democracia en los municipios mexicanos.
“El impacto se tiene en la organización de las elecciones, en la participación electoral y en la trayectoria de seguridad pública de los municipios. Hay un número creciente de ataques contra tesorerías y finanzas, y este tipo de ataques impacta en el desarrollo económico de los municipios”, insistió.
