Veracruz, Ver.- Elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, en el puerto de Veracruz, donde intentaron desalojar a un grupo de personas que se han establecido, supuestamente, de forma irregular. Los vecinos no esperaban la acción judicial, por lo que ante las exigencias se hicieron de palabras, pidieron que se mostrara una orden, y el conflicto verbal comenzó a escalar.
“Se nos vinieron casi encima, nos dijeron que nos teníamos que salir, que había que desalojar, nosotros no somos violentos, somos pacíficos”, afirmó una de las afectadas.
Este asentamiento que para las autoridades es irregular se hace llamar por los que lo habitan como colonia Marín. Aseguran que tienen permiso del propietario del ejido para establecerse ahí. “Estaba yo grabando lo que sucedía y uno de ellos me pegó con la mano en el teléfono y me aventó la cámara, me rasguñaron, me rompieron la camisa, me querían esposar, les dije estoy grabando nada más”, relató uno de los habitantes, un hombre corpulento de nombre Giovani, que sostenía la camiseta hecha jirones.
“Ellos llegaron luego luego a querer amedrentar a todo mundo, yo vivo sola con mis cuatro hijas, las otras niñas las tengo al fondo”, explicó otra de las mujeres que resultó lesionada en el forcejeo.
Los policías no se fueron, solo se replegaron, sin embargo, durante ese tiempo los habitantes se organizaron y colocaron barricadas en los accesos, con llantas, arena y vehículos. La mayoría consiguió algo para defenderse, palos, tubos y machetes, con los que golpeaban una y otra vez, o raspaban el filo contra el suelo cada vez que veían acercarse a los policías.
“Se está denunciando el fraude procesal y el despojo de las tierras, es un ejido que se llama Arroyo de Caña, en esta propiedad son ocho hectáreas y hay otras por atrás que se conectan con El Tejar”, aseguró Enrique Amaya, el presidente.
Indicó que la Urbanizadora Medellín no ha comprobado la propiedad de estas tierras, lo cual, para él, se comprueba con los amparos que fueron expedidos por el tribunal.
De acuerdo con los vecinos, en la zona hay 897 familias en el lado que corresponde a un terreno de ocho hectáreas y del otro lado 616 familias en 11 hectáreas.
La segunda ocasión que el fiscal intentó dialogar con ellos se dio un encontronazo y los pobladores salieron en grupo para enfrentar a los uniformados. Los representantes discutieron verbalmente con el fiscal. Entonces, la autoridad se dio la vuelta y se retiró del sitio. Mientras tanto, los supuestos invasores gritaban: “el pueblo unido jamás será vencido”, y levantaban las manos en señal de victoria.
