Janine Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llamó a frenar los mecanismos paralelos e ilegales rumbo a la contienda de 2024.
“No podemos permitir que en paralelo a un sistema constitucional y legal camine un sistema ilegal o paralegal, inventado por las y los actores políticos que, finalmente, se traduce al final del día en un fraude a la ley”, advirtió.
Sin hacer una referencia explícita a algún partido político, comentó que las autoridades electorales tienen frente a sí cuatro retos fundamentales.
Al hablar ante consejeros y magistrados de entidades que forman la primera circunscripción electoral, indicó que el primer reto es defender a la autoridad en una opinión pública cada vez más polarizada. Explicó que la democracia requiere demócratas, esto es, actores políticos que reconozcan las instituciones y sus derrotas.
El segundo reto es lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales que ellos mismos han establecido a través del Legislativo, incluido no hacer actos anticipados de precampaña y campaña. Subrayó que el respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático.
El tercer reto es hacer valer el principio de imparcialidad de la totalidad del funcionariado público, local, estatal y federal, es decir, la abstención de utilizar recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto de la ciudadanía.
El cuarto reto “es detectar y frenar mecanismos paralelos e ilegales en el financiamiento de las campañas públicas, es decir, tenemos la obligación de promover una democracia de calidad que sea paritaria e inclusiva”.
También mencionó el tema de la violencia criminal que ha cobrado la vida de muchas y muchos candidatos y actores políticos, “y si bien esto no está en el ámbito de nuestra esfera de competencias, sí es algo que impacta en las elecciones municipales locales y federales”.
Otálora habló entonces de velar por la integridad electoral perfectible pero funcional, emanada de la Constitución Política y de las leyes generales y locales.
Ante ello destacó que es responsabilidad de las autoridades electorales velar y garantizar que este sistema vigente se respete por todas y por todos.
“La norma es lo que da coherencia a una sociedad. ¿Y por qué se la da? Porque la norma se aplica en igualdad de condiciones a todas y a todos. En democracia no pueden coexistir un grupo que se rige por sus propias leyes y el resto de la sociedad que se rige por las leyes emanadas del poder soberano, que es el Legislativo”, añadió.
La magistrada reiteró que “es nuestra obligación aplicar la ley vigente por igual a todas y todos los actores políticos”.
Instó a no permitir “que se corrompa nuestro sistema electoral constitucional y legal en beneficio de algunos y en detrimento de la vida democrática. Y en esto justamente radica nuestra función: organizar los procesos electorales y resolver las controversias que de ellos emanan, con los más altos estándares éticos. No permitamos que se tense más el orden institucional, con nuestros actos y nuestras decisiones debemos lograr asumir este reto y que prevalezca la norma que emana justamente de un proceso democrático”, indicó.
Prevenir y atajar estos riesgos y desafíos es fundamental para asegurar la integridad electoral de nuestra democracia, así como su calidad, señaló. Por ello llamó a “no rendirse por más fuertes que sean los vientos en contra de las autoridades electorales”.
