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Investiga la FGR a abogados, médico y jueces por anomalías en juicio familiar

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La Fiscalía General de la República (FGR) mostró un claro revés a la impunidad al citar al doctor Netzahualcóyotl “N”, adscrito al Hospital General de Zona 11 del IMSS de Xalapa, ante un fiscal por certificar enfermedades presuntamente falsas con el fin de evitar que un niño conviva con su padre.

“Si este señor fue capaz de hacer esto ¿Qué otras cosas no hará dentro (y fuera) de su ejercicio profesional? Incumplió totalmente con su juramento hipocrático y mostró la clase de médico que es”, comentó el padre del menor afectado y de identidad reservada, quien ha luchado por más de tres años por ver a su hijo y ha tenido que enfrentar un sistema judicial lento y burocrático.

Según la carpeta de investigación PZR/DVII/F1/258/203, también están siendo investigadas la juez familiar Cecilia “N” y Petra Elena “N” por posibles delitos por ejercicio abusivo de funciones y prevaricación, desde estancar procesos mediante ‘chicanadas’ legales (como recetas médicas a modo), hasta resoluciones arbitrarias.

Padres de familia han señalado ser víctimas del terrorismo procesal de estas servidoras quienes ya cuentan con quejas por irregularidades ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz y ante el Consejo de la Judicatura, que pareciera que las cobija totalmente.

“No podemos permitir esta clase de servidores públicos que, de manera psicópata actúan con malicia y desconsideración. Estas señoras deberían usar sus cargos para administrar justicia de manera justa, digna y humana”; no obstante, con dolo hacen todo lo contrario y usan su poder para dilatar juicios, evitar convivencias sin importar el sufrimiento y daños psicológicos permanentes e irreversibles a la niñez.

Asimismo, la Fiscalía investiga a los abogados Margarita “N”, José A. “N” y Dolores “N” quienes presuntamente planearon con las jueces y el médico mencionado cómo interponer recursos totalmente improcedentes para dilatar lo más posible y suspender un juicio, lo cual es un delito previsto en el artículo 231 del Código Penal Federal y 251 del Estado de Veracruz.

“Es alarmante que estos pseudo abogados, carentes de ética profesional, usan sus conocimientos para destruir la vida de familias enteras sin ningún remordimiento mientras que además les vacían los bolsillos”.

“¿Por qué dos jueces de lo familiar y un médico fueron persuadidos por abogados de quinta para ensuciar sus cargos? Su obligación era ayudar a un niño, buscar su interés superior supremo; no lastimarlo ni dañar sus derechos humanos”.

Lo anterior es muy triste para las familias veracruzanas y procuración de justicia porque demostraron que no se tiene instituciones confiables sino que en ellas existen servidoras públicas corruptas que no les importa los daños ocasionados. Consideró que quien, desde el poder, atenta contra menores indefensos, se merece todo el desprecio, todo el castigo y toda la condena de cualquier sociedad sana porque nos desagradan (y mucho) los tiranos.

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