Rodrigo Soberanes / La Marea
La zona de producción de agua de Coatepec enfrenta un riesgo más por la activación de un viejo proyecto de minería a cielo abierto situado en las inmediaciones del río Suchiapa y del manantial Las Lajas para el cual fueron tramitados permisos de uso de dinamita dentro de una Unidad de Gestión Ambiental.
Es el tercer intento de sacar adelante un proyecto minero de extracción de grava en un peñasco conformado por lajas, ubicado en la zona de bosque de niebla de Coatepec. Los dos primeros intentos ocurrieron en 1992 y 2005, pero en ambas ocasiones la oposición ciudadana ayudó a que no se lograran.
En realidad, las autoridades nunca negaron por completo el permiso, sino que el dueño del predio donde está el peñasco no pudo reunir la larga lista de requisitos para dar luz verde a la extracción de grava.
Esta ocasión, ya en 2023, vecinos de la zona vieron signos de reactivación en el predio donde se encuentra el peñasco que les causaron alerta, como entrada de maquinaria, de personas que chapean y dos guardias de seguridad armados.
De acuerdo con personas entrevistadas por La Marea, esa información fue corroborada de manera informal dentro de una institución federal y por el propio ayuntamiento.
Es información confirmada. Por ese motivo, este 5 de abril un total de cinco organizaciones emitieron un comunicado dirigido al gobierno de Veracruz, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al municipio de Coatepec donde advierten sobre la reactivación del proyecto, que dejaría sin consumo de agua a más de 3 mil personas de la zona norte de Coatepec.
El terreno está dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA 91-Cinco Palos Río Atopa, desde donde se generan diversos servicios ambientales para la región de Coatepec. De hecho, la razón de ser de la UGA es la preservación-Conservación con criterios aplicables de Agroforestal “y no permite ni la industria ni lo urbano”, es decir, “es negativo para un banco de material”.
A pesar de eso, el ayuntamiento de Coatepec envió un documento a la Dirección General del Registro Nacional de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre de 2013 avalando la solicitud de 400 kilogramos de “alto explosivo” (dinamita) al mes, 10 toneladas de agente explosivo al mes y otros elementos para dinamitar como cordón detonante.
El documento constancia-certificado, firmado por el entonces alcalde José Manuel Sánchez Martínez, describe que la autorización sería para “labores conectadas con la explotación de Banco y extracción de Piedra Basáltica” en la finca Las Lajas ubicada en la ranchería de Chopantla, ubicada en la congregación de Consolapa, en Coatepec.
Quien solicita el permiso es una persona llamada Eugenio López Alvarado quien, en octubre de ese año, recibió una revalidación de permiso por parte de la misma instancia de la Sedena para utilizar 33 mil 720 kilos de alto explosivo y 129 mil 280 kilos de agente explosivo en tres diferentes proyectos ubicados en Córdoba, Zongolica y Tezonapa.
Información recabada por pobladores en las inmediaciones de Las Lajas apunta a que los interesados en establecer la mina “ya tienen permiso del Ejército” lo cual hace deducir a las personas afectadas que ya tendrían un nuevo permiso para dinamitar.
Las organizaciones que emitieron el comunicado señalaron que, a diferencia de los tiempos que corrían cuando sucedieron los primeros intentos, “hoy en día la situación ya es grave” por el “estrés hídrico” de una región productora de agua presionada por el crecimiento inmobiliario, la tala, el cambio climático y el avance de la siembra de papa realizada como monocultivo y uso de agroquímicos.
Quienes firman son la Asociación de Vecinos del Río Suchiapa AC, la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla AC, el Consorcio Campestre Las Arboledas y el Patronato Proagua Consolapa.
Este último mantuvo acercamientos con el actual alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, quien hasta el momento no ha mostrado su intención de preservar el manantial Las Lajas y el río Suchiapa pese a las consecuencias de desabasto de agua que están a la vista si se activara la mina.
El 28 de marzo el Ejecutivo envió al Congreso la Ley Minera, que entre otros puntos, quita prioridad a proyectos mineros y realza la capacidad de las comunidades a hacer prevalecer sus derechos por encima de esos proyectos.