Padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 13 de Xalapa bloquearon las avenidas Miguel Alemán y Villahermosa para exigir una asamblea extraordinaria, elegir una nueva mesa directiva y aclarar los presuntos actos de corrupción y los supuestos desvíos de las aportaciones que hacen al inicio de cada semestre, propiciados por la directora, Dalia Pérez Ramírez.
Los inconformes expusieron la situación imperante en dicho plantel de educación media superior, que se evidenció por la negativa de la actual tesorera de la Asociación de Padres de Familia del plantel, Cinthia Guevara, de otorgar los 100 mil pesos mensuales a la citada directora para su caja chica.
El malestar de los paterfamilias se deriva porque se han adquirido obras, bienes y servicios, con costos inflados y que sobrepasan de manera considerable su valor, con lo cual pretenden justificar el uso del dinero aportado, datos que detallaron en una lona que colocaron para dar a conocer la irregularidad.
Se desglosa que fueron instalados cinco tanques de gas estacionarios pequeños con un costo de 780 mil pesos, sin que hubiera un proceso de licitación para llevar a cabo dicha adquisición y respectiva colocación.
Denunciaron que, debido a la exigencia de transparentar el uso del dinero, algunos maestros y personal administrativo han emprendido acciones intimidatorias en contra de sus hijos, por lo que se reservaron iniciar acciones jurídicas en contra de dichas personas que ya tienen identificadas.
Los manifestantes indicaron que pese a haber acudido con el delegado estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), éste respaldó a la directora y no inició ninguna investigación de las denuncias hechas en su contra.
Los manifestantes estuvieron acompañados de Esteban Pablo Rodríguez Ortega, delegado estatal de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpaf), quien pidió respeto a los padres de familia, pues el dinero que se utiliza para mejorar la infraestructura escolar es aportado por ellos y se debe transparentar el uso que se le da.
Al lugar de los hechos acudieron representantes de la Dirección de Política Regional para persuadirlos y liberar la vialidad de estas importantes avenidas y evitar afectar a terceros, cuestión que fue considerada como una amenaza por parte de los manifestantes.
