La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) demandó el cese de la fiscal Verónica Hernández por supuestamente proteger a la trasnacional Agroindustrias de México SA (AMSA) y dándole largas a las pruebas presentadas por los acusados, lo que genera la impresión de que hay “fuertes intereses” en este caso.
En un comunicado, Fernando Celis Callejas, asesor de esta organización, demandó también la acción decidida del gobierno federal y del gobernador para que la Fiscalía General del Estado (FGE) termine con el juicio y los acusados obtengan su libertad plena, “es importante que se vea que hay voluntad en Veracruz de combatir la corrupción y limpiar el sistema judicial”.
Debe verse también cómo se van a reparar los daños económicos y a la fama pública ocasionados a los acusados y a sus familias por una empresa y funcionarios que se asociaron para cometer un delito manejando pruebas y testimonios falsos, agrega.
Recuerda que este conflicto inició en enero de 2022 y que durante nueve meses la FGE no aceptó las pruebas de los acusados “en una clara protección a la empresa, lo que es ejemplo de abuso, corrupción e impunidad”.
Refiere que después de una cuarta instrucción presidencial se dialogó en la Secretaría de Gobernación con los acusados y se recibieron copias de las pruebas y testimonios que demuestran que ellos estaban en otros lugares y no cometieron el incendio que maneja la empresa. Esta situación llevó a que la FGE por fin recibiera las pruebas de los acusados, se añade.
Se menciona que los acusados han solicitado varias veces al gobierno estatal para que interviniera ante la FGE y se diera un procedimiento de desistimiento de la acusación. La respuesta que ésta dio es que no tenía ninguna documentación de los acusados que demostrara que no habían cometido el delito señalado.
Después de muchas gestiones de los familiares de los acusados se logró la intervención de la Presidencia, de la Segob y de otros funcionarios federales y estatales, pero la Fiscalía siguió durante nueve meses con la misma posición de considerar sólo los intereses de la empresa.
Se solicitó varias veces al gobernador que interviniera ante la Fiscalía, pero se argumentó que era autónoma por lo que sólo recomendaron a los acusados que se buscaran buenos abogados.
Ahora ya tiene las pruebas de los acusados que echan abajo los testimonios falsos de la empresa validados por la Fiscalía, es necesario que la Presidencia, Segob y el gobierno estatal, ya intervengan ante la FGE para que proceda al desistimiento de la demanda y exoneración de los acusados.
El gobernador debe colaborar más para terminar este conflicto que ha dado la imagen de que en Veracruz se permite la actuación corrupta de la Fiscalía, concluye.
