La Conferencia Nacional de Gobernadores de México, en calidad de Amicus Curiae, expresó su preocupación ante la resolución que deberá emitir la Dra. Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la prisión preventiva oficiosa.
Respetando la división de poderes, resaltaron la importancia de mantener la Supremacía Constitucional para salvaguardar la seguridad pública y la justicia mexicana.
Se destacó que la prisión preventiva oficiosa se aplica en casos de delitos graves y de alto impacto, asegurando el esclarecimiento de los hechos y la no impunidad de los responsables. Se solicitó a la SCJN considerar estos aspectos, pues cualquier decisión impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país.
Se reconoció la importancia de los derechos humanos, pero se enfatizó que deben armonizarse con el ordenamiento jurídico interno para evitar vulnerar la Constitución mexicana.
En virtud de lo expuesto, se hizo un llamado a la SCJN para considerar el principio de supremacía constitucional y los derechos de las víctimas del delito al emitir su resolución.
