Ricardo Azamar
Se dice que el poder corrompe, pero difícilmente alguien se pregunta en voz alta, ¿cuál es el poder cuyo ejercicio corrompe y qué es lo que torna corrupto? De acuerdo con la RAE, el término corrupción remite a “actividades ilícitas o deshonestas dentro de organizaciones públicas estatales”. Esto es, hechos concretos realizados por alguien, documentados y que es posible situar en el tiempo que debe coincidir con el periodo de gobierno de un funcionario. La misma fuente agrega, “se cataloga corrupto a un político que saca provecho personal de los recursos del Estado”.
Sin embargo, en las actuales dinámicas sociales en las que los hechos, antiguamente incontestables como evidencia empírica ceden ante la imposición de “hechos alternativos” u “otros datos”, plantearnos qué es lo que corrompe determinada ejecución del poder supone ponernos a girar de manera infinita sin encontrar la respuesta. El corrupto siempre es otro, se sabe: el de enfrente, el de al lado, el de aquella acera, los otros; como si la capacidad corrosiva del poder no obrara en primera persona.
En tiempos de campaña, sobre todo, se acrecienta el cruce de acusaciones que señalan a unas y otras candidaturas de ejercicios corruptos del poder, determinadas acciones despóticas, fraudes y demás perlas que adornan la práctica política nacional ante la mirada resignada, fastidiada y algunas veces, crítica de una ciudadanía a la que no suele rendirse cuentas (aunque en ocasiones las exija), porque comúnmente no se le considera apta para entender el ejercicio del poder o porque se insiste en llamarla pueblo, masa informe que recibe sin cuestionar o que apenas ofrece una mínima resistencia.
Si bien existe una desafección ciudadana que por momentos se acrecienta, ésta no deja de existir ni de demandar transparencia al accionar de la clase política. Para ello, sin duda, necesita que ante el ruido mediático que el cruce de acusaciones aviva día sí y día también los ánimos del electorado, el libre ejercicio de la prensa y los medios de comunicación en su conjunto cumplan su función de informar sin florituras ni sesgos ni segundas intenciones sobre los hechos verificados, contrastados y firmados que involucran a determinadas candidaturas, partidos políticos o funcionaros para reclamar, conforme al derecho, la rendición de cuentas.
Y precisamente por ello, quienes emiten discursos que distorsionan la realidad requieren de un amplio círculo protector que les blinde de la mirada crítica, la pregunta juiciosa, la fotografía que documenta acciones y omisiones y de ser posible, que le aplauda la mentira.
Se dice que “la verdad no peca, pero incomoda”. También se señala que existen “pecados sociales” cometidos por los otros. A pesar de asumir que existe un estado laico la terminología religiosa sirve para descalificar hechos, discursos, delitos, entre otros. Quizá estamos cada vez más cerca de asistir a la “resurrección democrática” o de participar del acontecimiento de un “pentecostés revolucionario” que a falta de hechos se nos revele como un mero efecto del discurso (y de la fe).
Necesitamos voces que nombren la verdad sin artificios porque para la metáfora ya tenemos a los poetas, a los artistas; se requiere un periodismo que reporte hechos y no las fantasías de aquello que gustaría a cierta clase política que fuese cierto. La obediente apuesta por la información a la carta resultado de la demanda del consumo rápido, fácil, si gratuito mejor aún impide, algunas veces, contrastar aquello que se dice o se muestra con otras intenciones ajenas a informar. Hay que frenar para no caer en la tentación de jugar sucio.
Vivimos tiempos electorales que son ocasión para hacer fantasioso aun al que se cree más objetivo; condiciones que fomentan el “todo vale” cual mantra en el día a día de las candidaturas. Pero es también un hecho que existe una ciudadanía con hambre de justicia restaurativa que demanda propuestas realistas para problemas que constan al ciudadano promedio: porque de mentiras ya estamos satisfechos. De promesas y bendiciones también.
