Coatzacoalcos, Ver.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118VG/2023 a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por violaciones graves a los derechos humanos por casos de tortura metidas en Coatzacoalcos y Las Choapas.
El 21 de mayo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz solicitó al organismo nacional atraer el caso por existir impedimento legal para resolverlos, por lo que inició el análisis de dicho expediente el 27 de mayo de 2021.
En los documentos se explica que entre el 5 y el 11 de febrero de 2014, seis de las víctimas fueron detenidas de manera violenta por policías, quienes los torturaron con el fin de que se inculparan de un delito; les obligaron a firmar papeles y les ingresaron en centros de reclusión donde continúan presas.
La Comisión Nacional solicitó a la FGE de Veracruz que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas para la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas de Veracruz, y se proceda a la inmediata reparación integral del daño, la cual deberá incluir medidas de compensación, además de proporcionarles la atención médica y psicológica que requieran.
También deberá integrar la recomendación 118VG/2023 a la carpeta de investigación del caso, a fin de que se tome en cuenta y se evite continuar vulnerando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
La CNDH presentará una denuncia en contra de los servidores públicos implicados y otra ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía estatal.
Para evitar la repetición de hechos similares, la FGE deberá establecer un programa de capacitación a los ministerios públicos y a su personal de apoyo adscrito a la Fiscalía Regional Sur-Coatzacoalcos, para sensibilizarlos en materia de derechos humanos, a fin de que en caso de que detecten lesiones, golpes, tortura o evidencias de maltrato físico y psicológico en personas sujetas a detención, conozcan el tratamiento que deben proporcionar a esas situaciones, además de conocer las responsabilidades administrativas y penales en las que pueden incurrir al no apegarse a las normas operantes o presentar omisiones en la aplicación de estas.
Asimismo, la FGE y SSP deberán impartir un programa de capacitación a los médicos adscritos a sus dependencias, sobre la forma en que deben registrar y documentar las lesiones que presenten las personas sujetas a alguna detención y tengan huellas de tortura u otros tratos indebidos, además de conocer las responsabilidades administrativas y penales en que pueden incurrir al realizar revisiones y certificaciones médicas no apegadas a la ley.
