Orizaba, Ver.- La jerarquía católica y organizaciones no gubernamentales se suman para convocar al Senado de la República a detener lo que ellos consideran la militarización del país, de hecho, exigen que en la Cámara Alta se detenga el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de concretarse, se advierte, “corremos el riesgo de un incremento en la violación a los derechos humanos”.
En un comunicado, la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) fijó un posicionamiento en torno a la iniciativa oficial para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, “tenemos una profunda preocupación ante la posible aprobación de una serie de reformas constitucionales en materia de seguridad que vulneran las condiciones para la construcción de paz.
”Pugnamos por un modelo distinto de seguridad que plantee soluciones profundas a las complejidades de la violencia y que implique la protección de las ciudadanas y los ciudadanos. Las organizaciones y personas que suscribimos este pronunciamiento nos caracterizamos por nuestro esfuerzo cotidiano en torno a la Construcción de Paz en México. A partir de esa experiencia deseamos expresar nuestra profunda preocupación ante la posible aprobación de una serie de reformas constitucionales en materia de seguridad, que vulneran las condiciones para la construcción de paz, entendida como una paz duradera basada en la justicia, la democracia, la dignidad, la libertad y en el pleno ejercicio de los derechos humanos.
”Consideramos que las reformas que pretenden aprobarse fortalecen un paradigma para el cuidado del orden social y la ciudadanía basado en el uso de la lógica militar y el fortalecimiento de la capacidad de confrontación bélica. Los efectos de este paradigma se viven y sufren de forma dramática durante los últimos 15 años, incrementando de forma dramática la violencia en el país”.
Diversas experiencias en el mundo y desde América Latina han mostrado que la militarización de la policía, como respuesta de los Estados a los fenómenos de violencia, presenta serias dificultades como falta de claridad en sus roles y la generación de zonas grises de responsabilidad entre lo civil y lo militar –sostuvo Serapaz– lo que conlleva el incremento en las violaciones a los derechos humanos. “Esto se agudiza cuando ante violaciones a derechos humanos por parte de personal militar los casos son turnados a la justicia militar y no a la civil, como corresponde. Estas condiciones han cobrado vidas civiles y afectado la democracia y paz de la sociedad en su conjunto en América Latina”.
