La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 111/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), al Instituto Nacional de Migración y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) por la agresión que un grupo de migrantes sufrió por parte de elementos de la desaparecida Policía Federal en el municipio de Agua Dulce el 14 de junio de 2019.
De acuerdo con el organismo nacional, los migrantes viajaban a bordo de un vehículo en el municipio de Agua Dulce, ubicado al sur del estado de Veracruz, cuando fueron agredidos con armas de fuego por ex elementos de la Policía Federal, lo cual provocó la muerte de una persona y que otras más resultaran heridas de bala.
La CNDH concluyó que los elementos de la Policía Federal ejercieron indebidamente el cargo que se les confirió al efectuar acciones contrarias a la función pública, atentando contra la vida e integridad de las víctimas, sin motivo y sin un fundamento legal que justificara que estaban en cumplimiento de “un deber o legítima defensa”; además de que incurrieron en un uso excesivo de la fuerza al detonar sus armas de cargo.
El organismo defensor de los derechos humanos resolvió que personal de la FGE, de la Policía Federal y del INM transgredieron la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos durante la investigación del caso, así como cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas.
“Asimismo, se practicó deficientemente la necropsia relacionada con la persona fallecida, ya que los dictámenes periciales se hicieron sin las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación”.
En ese sentido, la CNDH contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos, a la vida e integridad personal, atribuibles a elementos de la desaparecida Policía Federal, al emplear arbitrariamente la fuerza en contra de las víctimas, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, por obstaculizar la función de investigación. El organismo nacional recomendó a la SSPC y al INM que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, otorgue una reparación integral por los daños causados a quien por derecho corresponda, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo del uso ilegítimo de la fuerza empleado, así como por la omisión de auxilio, que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y que se les otorgue atención médica y psicológica.
De igual forma, se recomendó al INM que emita una circular en la que se instruya al personal operativo asignado al estado de Veracruz y que cumpla con la normatividad para registrar todos los operativos en materia migratoria en los que participe.
También se instruyó al fiscal general de la República para que continúe con la integración de la carpeta de investigación, hacer una revisión exhaustiva de la indagatoria para elaborar un plan de fortalecimiento de investigación tendente a esclarecer los hechos ocurridos, para que se determine lo que corresponda a derecho.
El organismo indicó a la propia Fiscalía General de la República (FGR) que proporcione el equipo pericial necesario para elaborar dictámenes relacionados con estudios micro comparativos en materia balística forense a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE.
“A la titular de la FGE le solicitó colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que este Organismo Nacional presente ante la Visitaduría General de esa fiscalía local y se diseñe e imparta un curso al personal pericial de ésta, a efecto de que reciban la capacitación necesaria en materia de criminalística de campo y medicina forense, de conformidad con los estándares aplicables a la materia, con la finalidad de que integren adecuadamente las carpetas de investigación”.
Por último, la CNDH informó que la recomendación ya se notificó a las autoridades destinatarias.
