El juez de distrito Daniel Ramírez Peña determinó dejar en la impunidad a cuatro ex funcionarios mexiquenses y tres ex directivos y miembros del consejo directivo de la empresa Aleatica, antes OHL México, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de explotar ilegalmente un bien propiedad de la nación. La FGR anunció que procederá penalmente contra Ramírez Peña, quien llegó a un extremo verdaderamente inconcebible al emitir públicamente una opinión respecto del caso y anunciar su veredicto en contra del Estado mexicano antes de conocer las pruebas y argumentos con los cuales se imputaría la comisión de delitos.
Ramírez Peña reconoció que entre 2008 y 2021 OHL-Aleatica operó la vía de cobro sin contar con una concesión federal para ello, pero pretendió que el acuerdo alcanzado ese último año exime a los funcionarios y empresarios de cualquier responsabilidad en el saqueo de 8 mil millones de pesos de las arcas públicas. Los abogados de la empresa adujeron que hasta 2018 la autoridad federal nunca les hizo reclamo alguno por operar ilegalmente el tramo de autopista. Lejos de atenuar los hechos, esta afirmación parece un alarde de los vínculos corruptos de OHL con las administraciones de los dos sexenios pasados.
El mismo día en que el juez con sede en Almoloya daba carpetazo al atraco perpetrado por una empresa que ha sido señalada en otros episodios de corrupción multimillonaria, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo que permite a un evasor de impuestos estafar 645 millones de pesos al país. Por lo demás, el pleno del máximo tribunal ordenó reactivar un fideicomiso que obliga a la Federación a entregar recursos públicos a una asociación civil que apoya a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Al confundir la irrenunciable obligación del Estado de salvaguardar los derechos humanos con el pago a organismos privados, la SCJN abre la puerta para que cualquier organización no gubernamental ávida de dinero y carente de escrúpulos (como las que colaboraron de manera entusiasta con el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico) se apodere de una parte del presupuesto.
Días atrás, el Gobierno de la Ciudad de México denunció al juez Roberto Omar Paredes Gorostieta por la liberación de Fabián Oswaldo S., alias “El Junior” o “El Cachorro”, uno de los cinco generadores de violencia más buscados de la capital. De acuerdo con la fiscalía y el Ejecutivo capitalinos, Gorostieta no sólo liberó al presunto criminal a sabiendas de que se le investiga por desaparición forzada y de que existe una recompensa de 3 millones de pesos para dar con su paradero, sino que él u otros integrantes de la sala número uno de oralidad le facilitaron un disfraz para huir por la puerta trasera del recinto. También esta semana, el juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo, dictó suspensión definitiva para que se frenen los trabajos de construcción y acondicionamiento en el tramo 5 sur del Tren Maya, fallo que favorece a las mafias que controlan el transporte de pasajeros en esa zona y fuerzan a los turistas a erogar sumas exorbitantes por los traslados.
Ante esta sucesión de sentencias aberrantes, puede afirmarse con objetividad que jueces, magistrados y ministros actúan de manera concertada y sistemática para amparar a delincuentes de cuello blanco, encubrir despojos contra el país, obstaculizar políticas públicas de desarrollo regional y nacional, y hasta organizar la fuga de criminales violentos. Por ello, no causa extrañeza que la sociedad mexicana sea –de acuerdo con una evaluación conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo– la segunda de América Latina y el Caribe con mayor confianza en su gobierno federal, pero recele del Poder Judicial, cuyos integrantes hacen ostentación de su lejanía con las inquietudes populares, de su desprecio por la democracia, su apego al lujo, su ineficiencia, su talante saboteador y su filiación oligárquica. Hoy más que nunca se hace evidente la imperiosa necesidad de reformar a fondo esta institución a fin de que cumpla su mandato de impartir justicia y proteger el orden constitucional.
