La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, se encuentra embarcada en una campaña para anular los contrapesos internos en la Judicatura y hacerse con el control absoluto del Poder Judicial (PJ). El 28 de febrero, ella y un grupo de incondicionales intentaron un golpe de mano contra la Comisión de Adscripciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), instancia encargada del nombramiento de jueces y magistrados, con el fin de que esta facultad le fuera transferida a ella. La magistrada Celia Maya García denunció esta maniobra ilegal e hizo retroceder a Piña, quien pretendió disminuir las atribuciones de la Comisión validando una sesión que nunca ocurrió. Sin embargo, la ministra presidenta no ha desistido en su afán autoritario, y ahora busca aprobar el cambio mediante una reforma.
Ayer se hizo público que el CJF inició un expediente de investigación en contra de excolaboradores del ex titular del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, por presuntos actos que vulneraron la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Entre muchas otras irregularidades, se les acusa de presionar a togados para que emitieran sentencias favorables a proyectos del gobierno federal, de usar recursos materiales y humanos para fines particulares e incluso de violencia sexual y de género.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el único sustento para iniciar las indagatorias es una denuncia anónima. No es la primera vez que Piña Hernández emplea este instrumento para deshacerse de colegas que le resultan incómodos, favorecer a personajes cercanos y estrechar su control sobre el Poder Judicial. A sólo unas semanas de llegar a la presidencia de la Suprema Corte, usó otro anónimo para forzar la dimisión de Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto Federal de Defensoría Pública, y de Salvador Leyva, exsecretario técnico A de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la misma dependencia. Ambos funcionarios trabajaron para hacer justicia en el caso de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace, la amiga de Felipe Calderón y excandidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México, quien durante 17 años ha explotado sus conexiones dentro del Estado para mantener presas sin sentencia a personas acusadas de un crimen que nunca se ha probado que ocurriera. Piña tiene como secretario de Estudio y Cuenta a un cuñado de Miranda. Ahora ha dado un paso más en el blindaje a la activista del populismo penal al impulsar la judicialización de Sandoval Ballesteros, uno de los pocos integrantes del PJ que se atrevieron a señalar la falta de pruebas y la tortura con que se construyó todo el caso contra Brenda Quevedo, Juana Hilda González Lomelí y otras cuatro personas.
Si a estos hechos se suma la cadena de fallos aberrantes que se han sucedido desde que Piña Hernández preside el Poder Judicial, está claro que en el interior de dicha rama del Estado se desarrolla un siniestro proceso de purgas y reacomodos cuyos propósitos, según se desprende de los hechos, son garantizar la impunidad para políticos y empresarios que saquearon al país durante el periodo neoliberal, sabotear todas las iniciativas del gobierno elegido de manera abrumadora por los ciudadanos en 2018, y alinear a la Judicatura con el proyecto de restauración oligárquico encabezado por el magnate Claudio X. González. Ante semejante embate, la reforma del Poder Judicial cobra un carácter de necesidad urgente, pues queda claro que la continuidad del grupo que ha tomado por asalto la Judicatura significaría el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia y un peligro constante para la democracia.
