En Chihuahua se cocina una de las operaciones de ingeniería electoral más descaradas de este ciclo político. Legisladores del PAN, con el apoyo del PRI y el PT, promueven una reforma que obligaría a los partidos a alternar género en sus candidaturas a gobernador conforme al sexo de quien postularon en la elección anterior. La lógica: Morena fue con hombre en 2021, ergo en 2027 deberá ir con mujer. El lenguaje es el de la paridad. El objetivo es otro.
Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, lidera las preferencias internas de Morena con más de 34 por ciento y es el único aspirante que, en escenario de elección general, derrota al panista Marco Bonilla. Andrea Chávez, su principal competidora dentro del partido, pierde ante Bonilla por casi diez puntos. La reforma no está diseñada para garantizar representación femenina. Está diseñada para elegir al rival. Si Morena va con Chávez, el PAN tiene posibilidades reales. Si va con Pérez Cuéllar, las pierde.
La maniobra lleva firma. De acuerdo con analistas locales, la iniciativa salió del escritorio de Santiago de la Peña, titular de Gobierno, y de Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, ambos con aspiraciones propias en el proceso de 2027. No es una reforma de principios. Es una apuesta táctica de operadores que anteponen su supervivencia política a cualquier consideración institucional.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván no impulsa la reforma de frente, pero la cobija. Es su entorno el que la mueve, su congreso el que la procesa, su gobierno el que se beneficiaría. Campos llega a esta operación debilitada: 57 por ciento de desaprobación, una comparecencia ante la FGR por el caso de los presuntos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara, y una relación con el legado de César Duarte que nunca quedó del todo esclarecida. Desde 2021 circulan señalamientos sobre su vínculo con la nómina secreta del gobierno duartista. Un gobernador morenista con mandato popular y origen fronterizo tendría razones políticas y jurídicas para reabrir ese expediente. Eso también explica la urgencia de la maniobra.
Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta con claridad: la paridad ya está garantizada en la Constitución y corresponde a cada partido definir a sus candidatos. No es una postura cómoda para la Presidenta, que ha hecho de la paridad una bandera, pero es la correcta. Usar el principio de representación femenina para vetar a un candidato específico no es feminismo. Es su caricatura.
La reforma revela algo más profundo que el oportunismo de sus promotores: la oposición chihuahuense no tiene argumento electoral contra Pérez Cuéllar, entonces busca sacarlo del tablero antes de que empiece el juego. Es el reconocimiento implícito de una derrota que aún no ocurre. Chihuahua en 2027 no se definirá por quién postule Morena si la oposición llega fragmentada, pero sí se definirá si la oposición logra imponer las reglas. Ese es el verdadero campo de batalla: no las urnas todavía, sino el andamiaje jurídico que determina quién puede llegar a ellas.
La paridad es un principio que costó décadas de lucha construir. Convertirla en instrumento de veto partidista no sólo la desgasta. La traiciona.
