México SA

Carlos Fernández-Vega

Periódico La Jornada
martes 22 de febrero de 2022

Parece que en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) algunos funcionarios decidieron recurrir a la vieja práctica de meter las manos en la arcas de la institución, lo cual, de comprobarse, no sólo resultaría un daño a la nación, condenable y punible, sino un delito de lesa patria, al atentar contra el abasto de productos básicos para la población más necesitada y violentar el derecho de los campesinos de “incorporarse al desarrollo social”, como ese ente lo subraya en su acta fundacional.

La jornada (Arturo Sánchez J., Gustavo Castillo y Angélica Enciso) lo denunció el 15 de febrero anterior: “en Segalmex, proyecto del presidente López Obrador para garantizar el abasto nacional de alimentos básicos, existe una trama de corrupción cuyas huellas se pueden rastrear hasta su creación y en la que se han visto involucrados funcionarios que fundaron el organismo, y por la que la Fiscalía General de la República ha iniciado más de 20 carpetas para indagar actos de corrupción. Las irregularidades que han sido detectadas, documentadas y denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyen la entrega de múltiples contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados y hasta la utilización de 8 millones de pesos de recursos públicos para invertir en el mercado de valores, mismos que ya fueron recuperados”.

De acuerdo con lo publicado por La Jornada “las primeras denuncias fueron presentadas a los pocos meses del inicio de operaciones del organismo y apuntan como un actor central a René Gavira Segreste, quien llegó a Segalmex junto con su director, Ignacio Ovalle Fernández, y entre 2019 y julio de 2020 se desempeñó como director de Administración y Finanzas… Los señalamientos más graves están relacionados con su papel como responsable de otorgar multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa”. Por ejemplo, este personaje “fue responsable en 2019 de la adjudicación directa de siete contratos por alrededor de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de ser participantes de un esquema de contratación ilegal”.

Segalmex es un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarro-llo Rural, “cuyo fin es atender lo señalado enlos artículos 4 y 27 último párrafo de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de asegurar el abasto suficiente para toda la población, en especial dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables”, de acuerdo con su propia definición.

Pues bien, el domingo pasado la ASF documentó que en 2020 Segalmex registró “irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos. De esa cantidad, tiene pendiente de justificar el gasto de 5 mil 640 millones de pesos, mientras Diconsa no ha informado sobre mil 413 millones y Liconsa de mil 583 millones. Entre las inconsistencias observadas está la prestación de diversos servicios que no se comprobaron, se reportaron productos de los que se carece el registro de entrada a las tiendas y el pago a agricultores sin la existencia de facturas. Entre 2019 y 2020, tan sólo los gastos de operación crecieron 186.4 por ciento con un total de 3 mil 289 millones de pesos, monto equivalente a una tercera parte de los subsidios entregados”.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador subrayó: “en este gobierno no hay la-drones, para que quede claro. Si hay delitos o co-rrupción se va a castigar a quien sea, no hay im-punidad para nadie. Hay denuncias por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la SFP. No se puede juzgar a nadie, no podemos hacer juicios sumarios. Pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie”.

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