México SA

Carlos Fernández-Vega

Periódico La Jornada

Tal vez la mejor síntesis del proceder y los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus alrededores, la aporta la organización Latinobarómetro. Dice así: en México, tres de cada cuatro ciudadanos (76 por ciento) desconfían del Poder Judicial, y en el contexto de América Latina ese nivel de rechazo a uno de los tres poderes del Estado ubica a nuestro país entre el sentir de los nicaragüenses y el de los colombianos sobre sus respectivas instituciones de “procuración de justicia”.

Desde luego, este recelo no sólo se da en México, pues la citada organización advierte que “América Latina (donde el nivel de desconfianza ciudadana es de 75 por ciento, un punto porcentual menos que en México) muestra escepticismo respecto del Poder Judicial, el cual, desde 1995 no ha alcanzado nunca 40 puntos porcentuales de confianza y ésta fluctúa entre un máximo de 37 por ciento en 2006 y un mínimo de 23 en 2003. En 2020 alcanzó 25 por ciento, 12 puntos porcentuales por abajo del registro de 14 años atrás. La debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más flacos de sus democracias”. En pocas palabras, la “procuración de justicia”, con la corrupción que la corroe (uno de cada dos jueces y magistrados son corruptos; en el caso mexicano, uno de cada tres), no es más que un “fraude social”, por lo que es necesario “recomponer estas percepciones antes de consolidar sus democracias”.

Demoledor el diagnóstico de Latinobarómetro, que desde 1995 basa sus resultados en encuestas de opinión pública en 18 países de América Latina, con 20 mil entrevistas representativas de la población regional, cuyos resultados documentan un sistemático cuan creciente déficit de justicia en esas naciones, con México levantando la mano.

Cierto también que la contundencia de ese resultado es el pan de todos los días en México y América Latina, cuyos países cargan con una negra historia en materia de “procuración de justicia”, pues sus operadores siempre actúan en connivencia con los grupos de poder, públicos, privados y fácticos. Entonces, ante tal panorama, ¿resulta excesivo calificar al Poder Judicial mexicano de “podrido y faccioso”, como lo hizo el presidente López Obrador? En la mañanera de ayer, el mandatario consideró que el Poder Judicial “no tiene remedio; actúa de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo”.

Es de sentido común, de juicio práctico, al Ejecutivo lo elige el pueblo; al Legislativo lo mismo, diputados y senadores; ambos nombran a los ministros de la Corte y esos señores, que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una iniciativa de ley, enviada por el Ejecutivo y aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, no es válida, porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente.

Algo más: “no violaron absolutamente nada, nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, los ministros de la Corte se atreven a cancelar la ley; están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. ¡Cómo se van a considerar un poder supremo! ¡Cómo van a situarse por encima de Poder Legislativo! Pero es esta la concepción conservadora, por eso es el supremo poder conservador”.

Esa misma Corte avaló la reforma energética para privatizar el petróleo. “Recuerdo que cuando la aprueban … La Constitución permite que se hagan consultas en temas que se consideran importantes para el desarrollo del país, entonces había que recabar un número determinado de firmas, como establece la Carta Magna, y nos dedicamos a conseguirlas para que se llevara a cabo la consulta y se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo en que se privatizara el petróleo o no. Reunimos todas las firmas, ¿y qué resolvieron? Que no procedía, porque tenía que ver con los ingresos del gobierno”.

Ahora, el balón está en la cancha del Legislativo. De Santiago Creel sólo se espera una actitud cómplice, pero, ¿los demás?

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