México SA

Carlos Fernández-Vega

Periódico La Jornada

Salvo el tóxico Germán Larrea, ninguna de las partes reclamantes quedó satisfecha con la vergonzante negativa de las secretarías del Trabajo y de Economía de atender positivamente la solicitud del gobierno estadunidense, en el marco del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, para revisar la situación de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, concesionada a Grupo México, propiedad del citado barón, quien sistemáticamente viola los derechos laborales y no sólo en esa zona productiva, sino en el cúmulo de concesiones que generosamente ha obtenido del gobierno federal desde hace ya más de 60 años.

En primera instancia, el pasado 16 de junio el gobierno de vecino del norte, por medio de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, cuya titular es Katherine Tai, solicitó al gobierno mexicano una investigación bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC contra Grupo México por la “presunta” violación de los derechos laborales de los trabajadores en la mina San Martín en huelga –junto con las de Cananea y Taxco– desde julio de 2007. Lejos de sentarse a la mesa de negociaciones y resolver las demandas de los trabajadores, el barón impunemente reanudó las actividades productivas y para ello ilegalmente contrató personal ajeno al sindicato titular del contrato colectivo del trabajo, el Nacional de Mineros. Transcurridos 16 años desde el estallido, ninguna autoridad nacional ha hecho su trabajo.

Vencido el plazo establecido, el primer día del presente mes de agosto el gobierno mexicano contestó a la solicitud del gobierno estadunidense: simple y llanamente bateó a los trabajadores de San Martín, decidió mantener impune al tóxico Larrea y alegremente dio carpetazo al caso. Pero, colorín colorado este cuento no se ha acabado.

Resulta que las bateadoras (Trabajo y Economía) fueron a su vez bateadas por la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, la cual decidió avanzar: por primera vez desde la firma del T-MEC, solicitó crear un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para resolver el conflicto de la mina San Martín, toda vez que es necesario “verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas y determinar si ha ocurrido una denegación de derechos”.

La representante Tai aseguró “estar abierta a colaborar con México para encontrar una solución, porque nuestra prioridad es lograr resultados significativos para los trabajadores”, en tanto la subsecretaria adjunta para Asuntos Laborales Internacionales, Thea Lee, confió en “trabajar estrechamente con el gobierno mexicano para resolver este complejo asunto y reforzar nuestro interés compartido en proteger los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación y el derecho de huelga”.

Habrá que ver con qué salen Trabajo y Economía, pero lo cierto es que las tres huelgas mineras y la sistemática violación de los derechos laborales por parte de Grupo México y su tóxico dueño nada tienen de “complejo”, como asegura la señora Lee, pues es más claro que el agua: gobierno tras gobierno, la decisión ha sido mantener impune a Germán Larrea y encubrir sus prácticas medievales, amén de que ha contado con la protección del aparato de “procuración e impartición de justicia”.

El gobierno mexicano bien pudo evitar la creación de un panel si la decisión de las secretarías del Trabajo y de Economía hubiera sido la correcta, especialmente ante las obvias cuan reiteradas prácticas medievales del tóxico barón. Pero evadieron el asunto y batearon a los trabajadores, pues serían “instancias judiciales” mexicanas las que “resolverán” el entuerto, es decir, las mismas que sistemáticamente han negado justicia a los mineros.

Aun así, dichas dependencias pueden rectificar para resolver la huelga en San Martín, y de paso las de Cananea y Taxco, estalladas el mismo 30 de julio de 2007, porque la 4T no debe mantener impune al barón, como los gerenciales gobiernos anteriores, que para eso estaban; pero el actual, de ninguna manera.

Las rebanadas del pastel

Oootraaa del ministro Luis María Aguilar Morales: desde hace ocho meses, mantiene “congelado” el caso de una empresa que adeuda 25 mil millones de pesos en impuestos, de tal suerte que ha impedido que el SAT recupere esa voluminosa cantidad. “Él pidió ese expediente y lo hizo para guardarlo. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita?”, cuestionó el presidente López Obrador. Tal vez la pregunta debía ser: ¿en qué banco está depositada la justicia pronta y expedita?

Twitter: @cafevega