México SA

Carlos Fernández-Vega

Periódico La Jornada

Verdes de coraje, los barones de la minería se quejan amargamente, porque quieren “cambiar” sus “reglas de juego”, es decir, de todo quieren todo. ¿Qué propone la iniciativa presidencial para modificar la muy salinista Ley Minera (y tres más asociadas a esta actividad)? Entre otros objetivos, poner fin al “extractivismo voraz” y el reguero de tóxicos por toda la geografía nacional, someter a concurso público el otorgamiento de concesiones (que en tiempos neoliberales los barones las obtuvieron como si fueran caramelos, a la par de la existencia de un mercado negro), reducir su vigencia a 30 años como máximo (ahora son de un siglo), condicionarlas a la disponibilidad de agua en la zona por explotar, recuperar la rec-toría del Estado, acabar con el despojo de tierras y asegurar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, además de garantizar la seguridad de los trabajadores. En síntesis, “dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano, la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio” (AMLO dixit).

De ahí su histeria, porque tras muchas décadas de impunidad por primera vez un gobierno los meterá al orden, al tiempo que erradica la “idea” de que México no es una República, sino una empresa privada para un puñado de “amigos” del régimen anterior. De aprobarse esa iniciativa, ¿la industria minera dejará de ser productiva? Ni de lejos, pero sí busca acabarcon los enormes privilegios de los que han gozado los barones sexenio tras sexenio.

No es ocurrencia de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, cuando subraya que con la reforma a la Ley Minera “las concesiones se cancelarán si las empresas no cuentan con permisos vigentes de uso de agua para minería, o bien si existe un riesgo de contaminación o daño al equilibrio ecológico en la extracción”. Los corporativos tienen sus centros de acción –por llamarle así– en entidades de la República con notoria escasez de agua, y ésta es para ellos, no para sus sedientos habitantes.

Por ejemplo, “más de la mitad de la producción minera en el país de este sector se concentra en los estados de Sonora, Chihuahua y Zacatecas. No obstante, se estima que 38 por ciento de los proyectos mineros se ubican en zonas de acuíferos sobrexplotados, con precaria disponibilidad hídrica. Los conflictos socioambientales, muchos de ellos vinculados a la actividad minera, se han incrementado de manera significativa en los últimos años. Los procesos de explotación no sólo utilizan los volúmenes concesionados por la Conagua, sino que el marco legislativo permite un uso libre del recurso hídrico en los procesos de beneficio sin requerir de una concesión”, documenta el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Semarnat).

El marco legal vigente (con el sello de Salinas de Gortari) “ha facilitado la concesión de tierras para la explotación minera sin los controles necesarios, lo cual ha permitido la generación de impactos en los ecosistemas y poblaciones, que a su vez originan cada vez más situaciones de conflicto entre las comunidades afectadas y las empresas del sector minero, especialmente en relación con el uso del agua. El marco regulatorio vigente y la evolución de los conflictos mineros asociados con el agua muestran que las políticas públicas ligadas a estos sectores en México son el origen de una buena parte de la problemática en torno al uso de los recursos hídricos en la minería”.

Algo más: la fundación Heinrich Böll (vinculada al Partido Verde alemán) denunció que la industria minera que opera en México “extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua durante 2014. Se encontraron 417 empresas mineras dentro del Registro Público de Derechos de Agua, que se lograron agrupar en 230 grupos empresariales mineros. Un total de mil 36 títulos de aprovechamiento de agua, amparando un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales de agua es lo que se encontró concesionado a empresas mineras. Esto es el equivalente al volumen necesario para satisfacer el derecho humano al agua por un año de 3 millones 229 mil personas”.

Pero se retuercen, porque les quieren cambiar “las reglas de juego”.

Las rebanadas del pastel

Parece que el primer round es para los barones: la iniciativa presidencial “se discutirá hasta el siguiente periodo de sesiones”, con parlamento abierto (presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González). Es el viejo truco de retrasar, retrasar y retrasar, mientras no dejan de sangrar al país.

Twitter: @cafevega