Hasta el jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) había autorizado a 21 organizaciones para realizar asambleas de afiliación, primer paso hacia su eventual registro como partidos políticos, mientras que otros 68 grupos aún esperan la validación de sus requisitos iniciales. Entre estos proyectos abundan personajes provenientes de partidos que perdieron su registro por no alcanzar el 3% de los votos en elecciones federales, incluyendo algunos de reciente creación y otros con una trayectoria más extensa, como el PRD, que desapareció en 2024 tras un prolongado declive.
Más que iniciativas con verdadera representatividad y propuestas ideológicas, la mayoría de estos grupos buscan acceder a los millonarios recursos públicos destinados a los partidos políticos. Sin una base social sólida, sin proyectos programáticos definidos y sin una estructura de intermediación entre el Estado y la sociedad, estas organizaciones son simples membretes creados para explotar el sistema electoral y obtener beneficios personales y de grupo.
El botín es sustancioso: en 2024, los partidos con registro recibieron un total de 7 mil 354 millones de pesos en financiamiento público, y los nuevos aspirantes buscan una porción de ese recurso. Entre ellos destaca Somos México, una organización conformada por figuras que han transitado entre múltiples partidos y organismos. En sus filas se encuentran políticos como Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Carlos Navarrete y Fernando Belaunzarán, además de exfuncionarios del INE, como Edmundo Jacobo Molina y Carlos Alberto Ferrer Silva, excolaboradores cercanos del exconsejero presidente Lorenzo Córdova.
Este fenómeno confirma lo que se ha señalado en diversas ocasiones: el sistema político-electoral mexicano es un imán para el oportunismo y la corrupción. Mientras los partidos reciban cifras millonarias de dinero público sin una real exigencia de representación ciudadana o transparencia, la política seguirá siendo vista como un negocio personal y no como una responsabilidad cívica.
Para erradicar este problema es necesario reformar el sistema de financiamiento de los partidos, garantizando que los recursos sean asignados con criterios de desempeño y no como un derecho automático. Solo así se podrá frenar la proliferación de partidos sin respaldo social y de personajes que ven en la política un medio para enriquecerse, en lugar de un compromiso con la sociedad.
