Rosa Icela Rodríguez presentó ayer en la mañanera una cronología que debería bastar para cerrar cualquier duda sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024. Ese día la embajada de Estados Unidos modificó unilateralmente la medida cautelar de Ovidio Guzmán sin consultar al gobierno mexicano, violando el tratado de extradición. El mismo día, una avioneta con el localizador apagado trasladó a Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde ambos fueron detenidos por autoridades estadounidenses. El aparato activó su señal apenas cinco minutos antes de aterrizar.
Nueve días después, el entonces embajador Ken Salazar declaró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en el operativo. El 2 de julio de 2026 un reportaje documentó que esa misma avioneta forma parte de una exhibición de aviones en Estados Unidos, donde el FBI la presenta como parte de una operación propia. Ahí está la mentira, exhibida como trofeo por la misma agencia que negó haber intervenido.
Mintió el embajador y, por extensión, mintió el gobierno que representa. No es un matiz diplomático. Un embajador no opera al margen de su gobierno; habla en su nombre. Esa mentira tensa una relación bilateral que ya venía tensa por aranceles, por presión migratoria y por las amenazas reiteradas de intervención unilateral contra el crimen organizado en territorio mexicano.
Rosa Icela Rodríguez fue clara en la lectura de los hechos: las versiones son contradictorias, alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno mexicano, se configura una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional. Omar García Harfuch acompañó la presentación con cifras concretas: más de dos mil quinientas detenciones en Sinaloa por delitos de alto impacto desde el inicio de esta administración, entre ellas las fracciones de Los Mayos y Los Chapos. Son resultados verificables, con nombre, fecha y expediente.
Esos operativos también dejaron un costo en vidas. Diez elementos de la Sedena murieron en la detención de Ovidio Guzmán. Cada cifra de captura que México presenta viene acompañada de ese costo, pagado por quienes ejecutan la estrategia de seguridad en el terreno, no por quienes exigen resultados desde Washington sin poner nada de su lado.
Porque ahí está el otro lado de esta historia. Estados Unidos insiste en culpar a la oferta, en tratar a México como el origen del problema, mientras hace prácticamente nada por combatir el consumo y la distribución interna que sostienen a su propia mafia. El fentanilo se produce con precursores químicos, se trafica y se consume dentro de una cadena que también tiene tramos enteros en territorio estadounidense, protegidos por la misma inacción que ahora se disfraza de exigencia hacia México. Y cuando le conviene, negocia con los mismos capos que dice perseguir y después los libera, como si la justicia fuera una moneda de cambio y no un principio.
Detrás de la mentira hay algo más profundo que un error de comunicación diplomática: la convicción, arraigada en la cultura política estadounidense, de que las reglas que exige a los demás no le aplican a sí mismo. Estados Unidos redacta tratados de extradición y los viola cuando le conviene. Exige transparencia y opera con el localizador apagado. Esa excepcionalidad no distingue partido: la mentira original data de la administración Biden, con Ken Salazar como embajador demócrata, y no cambia nada de fondo frente a la presión que ejerce ahora la administración Trump. Cambia el discurso, cambia la cara que lo representa, pero la disposición a pisar la soberanía mexicana cuando conviene es la misma bajo un gobierno u otro. La prueba de que no hay diferencia es esa: expusieron el avión.
El problema real de Estados Unidos no está en Sinaloa ni en Culiacán. Está en su propio patio. Una generación entera carga una deuda estudiantil que ronda los 1.9 billones de dólares por el simple hecho de haber querido estudiar, un peso que acompaña a millones de jóvenes durante décadas y que ningún cártel mexicano les impuso. Ese es un problema estructural gravísimo, y ninguna avioneta exhibida como trofeo en una feria lo va a resolver.
Estados Unidos miente con costumbre. Sus agencias mienten, sus representantes diplomáticos mienten, y cuando la mentira se descubre, no hay corrección ni disculpa, solo el silencio arrogante que sigue a la evidencia incómoda. No es un desliz aislado, es un patrón de conducta de una potencia que ha decidido que no rinde cuentas a nadie, ni siquiera cuando la prueba está exhibida en una feria como trofeo. Mientras tanto, los resultados de lo que el gobierno mexicano hace en su territorio están ahí, son contundentes y se pueden auditar.
México pidió que se aclare quién mintió. Estados Unidos no tiene autoridad moral para exigir nada mientras no responda esa pregunta.
