La Fiscalía confirmó esta semana el homicidio de Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, secuestrada el 2 de junio en su domicilio de Nanchital. Ocho personas están detenidas, tres presuntos integrantes del Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste señalados por apoyo logístico. García Harfuch advirtió que faltan más responsables por capturar. El caso reinstala a Veracruz en el lugar que ocupa hace dos décadas: el estado con más periodistas asesinados de México, con 31 crímenes documentados desde el año 2000. Entender ese lugar exige mirar su origen, no sólo quién gobierna hoy.
El patrón nace con Fidel Herrera. Entre 2004 y 2010 construyó opacidad financiera y una relación permisiva con el crimen organizado. Designó como sucesor a Javier Duarte y le entregó una estructura ya acostumbrada a la impunidad. Duarte llevó ese legado al extremo: entre 2010 y 2016 asesinaron a 18 periodistas en el estado, entre ellos Regina Martínez y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Artículo 19 documentó que el 65 por ciento de las víctimas desaparecieron en vía pública, el 75 por ciento tenía amenazas recientes y el 88 por ciento de los cuerpos fueron expuestos deliberadamente. Duarte impulsó la ley antituiteros, que equiparaba publicaciones de alarma social con terrorismo, y advirtió públicamente a la prensa que se portara bien. Ese periodo convirtió a Veracruz en la región más letal del mundo para ejercer el periodismo, sólo detrás de países entonces en guerra.
El patrón no terminó con Duarte. Con Miguel Ángel Yunes hubo cinco asesinatos en año y medio de gestión. Con Cuitláhuac García el estado se mantuvo entre los primeros lugares nacionales de agresiones al gremio. La continuidad entre gobiernos de signo distinto prueba que el problema es estructural, no rasgo personal: instituciones de seguridad penetradas, fiscalías incapaces de sostener líneas de investigación, un entorno donde atacar a un periodista cuesta poco. Esa estructura es la que Rocío Nahle recibió, y es la que hoy explica que en año y medio de su gobierno ya sumen tres periodistas asesinados y dos desaparecidos.
Ahí conviene distinguir el diagnóstico de la evaluación. El origen del problema no es atribuible a Nahle: lo heredó de dos décadas de captura institucional que ella no construyó. Lo que le corresponde es la calidad de la respuesta, y en el caso Guzmán esa respuesta cambió de naturaleza. La Fiscalía estatal ejecutó ocho órdenes de aprehensión en menos de cinco semanas, identificó a policías municipales cómplices y sostuvo coordinación permanente con García Harfuch. Ningún caso del sexenio de Duarte tuvo ese ritmo de esclarecimiento ni señaló a servidores públicos como parte de la cadena de complicidad. La diferencia no cierra la herida ni resuelve la estructura, pero marca una distancia medible con la impunidad que definió a Herrera y a Duarte.
La comparación con el caso Narvarte ilustra la distancia. El multihomicidio de Rubén Espinosa y Nadia Vera en la Ciudad de México, en 2015, sigue sin resolver diez años después: hay autores materiales sentenciados, pero la autoría intelectual y el móvil permanecen sin esclarecer, y la línea que apuntaba al entorno de Duarte nunca se profundizó. Ese fue el estándar de la era duartista: exhibir un detenido y cerrar el expediente sin tocar la cadena de mando. En el caso Guzmán, la Fiscalía llegó hasta los policías municipales que dieron apoyo logístico, la línea que en 2012 y en 2015 se evitó abrir: la complicidad de servidores públicos con el grupo armado. Esa apertura es la diferencia entre investigar un crimen y administrar su olvido.
Veracruz sigue siendo un lugar peligroso para informar porque nadie ha desmontado la arquitectura que Herrera construyó y Duarte perfeccionó. Juzgar a ambos con la severidad que merecen no exime a los gobiernos posteriores de la obligación de desarmar esa arquitectura. Evaluar a Nahle por cómo enfrenta cada caso, y no solo por la herencia que administra, es la única forma de medir si el estado avanza o repite. Las ocho detenciones del caso Guzmán, con policías municipales entre los señalados, marcan ese punto de inflexión: la primera vez que la cadena de complicidad institucional se nombra en lugar de encubrirse. Nombrarla no basta si se detiene en los policías municipales y no llega a quien les dio la orden de mirar hacia otro lado. Ese es el tramo que falta, y es el que decidirá si Nanchital fue el principio del desmontaje.
