Toda relación de poder comienza por una pregunta: ¿quién decide de qué se hablará? Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos ha seguido un patrón casi invariable. Washington coloca el tema; México responde. Migración, narcotráfico, fentanilo, seguridad fronteriza, aranceles, gusano barrenador. Cambian los asuntos, pero permanece el mecanismo. La disputa abarca el comercio, la seguridad, la migración y, antes que nada, la agenda.
Esa lógica ha comenzado a cambiar. La creciente integración económica, industrial y social de América del Norte ha creado una realidad distinta. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia económica y militar del mundo y ejerce su influencia sobre México enfrentando costos crecientes para su propia economía, sus cadenas de suministro, su mercado laboral y su estabilidad regional. La asimetría permanece; la interdependencia también.
Ésa es la oportunidad estratégica de México.
El gobierno mexicano ha comenzado a aprovecharla. La defensa jurídica de connacionales fallecidos bajo custodia del ICE, la exigencia de investigaciones, la insistencia en la corresponsabilidad frente al tráfico de armas y al consumo de drogas, así como la posición sostenida durante la revisión del T-MEC, muestran una política exterior más activa y una defensa más firme de los intereses nacionales.
El siguiente paso exige una visión a largo plazo. La respuesta mexicana debe convertirse en una política permanente de construcción de agenda.
Cada vez que Washington coloque un asunto sobre la mesa, México debe responder con hechos y ampliar el marco de la discusión. Si se habla del fentanilo, también debe hablarse del tráfico de armas, del lavado de dinero y de la crisis de consumo en Estados Unidos. Si se habla de migración, también de la aportación económica de millones de trabajadores mexicanos, de los derechos humanos y de la responsabilidad del Estado sobre quienes se encuentran bajo su custodia. Si se habla de sanidad agropecuaria, también de la responsabilidad compartida que exige una economía continental profundamente integrada.
México debe impedir que una sola de las partes formule siempre las preguntas.
Esa tarea debe extenderse a los tribunales, a la red consular, a las universidades, a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles, a los gobiernos estatales y a las comunidades binacionales. La política exterior del siglo XXI se desarrolla entre cancillerías y también se construye en la opinión pública.
Los problemas de México no deben definir por sí solos la relación bilateral. La cooperación en seguridad, el comercio, las cadenas industriales, la energía, la migración y la estabilidad de América del Norte son responsabilidades compartidas. Presentarlas como obligaciones exclusivas de una de las partes distorsiona la realidad y dificulta las soluciones.
Las narrativas se transforman con información verificable, con litigios cuando existen abusos, con una red consular activa, con diplomacia pública y con una estrategia capaz de sostener el mismo mensaje más allá de la coyuntura.
Las naciones fortalecen su posición internacional cuando aumentan su capacidad económica, tecnológica y productiva y cuando consiguen que sus intereses, sus ciudadanos y su interpretación de los hechos formen parte de la conversación del otro.
En una relación asimétrica, México debe impedir que la potencia sea la única voz que explique la realidad compartida. Ésa es la disputa por la agenda. Ése es el verdadero poder de la interdependencia.
