La Diócesis de Xalapa llamó este domingo a los fieles a no ceder al desaliento frente a la violencia e inseguridad que enfrenta México. El llamado tiene sustento en el dato. Mientras el país registra caídas de entre 30 y 40 por ciento en homicidio doloso durante 2026, Veracruz figura entre las pocas entidades que muestran un repunte: la propia titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoció en abril que, al comparar enero-abril de 2025 con el mismo periodo de 2026, el estado no presentó reducción. Otros reportes documentan un incremento de entre 11 y 19 por ciento en ese lapso.
El gobierno estatal ha difundido una cifra distinta: una baja de 28 por ciento en homicidio doloso, resultado de comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025. La fórmula y la fuente son las mismas en ambos casos, el Secretariado Ejecutivo y el promedio diario de víctimas. Lo que cambia es la ventana temporal elegida para contar la historia. Un corte específico entrega una narrativa de mejora sostenida. El corte trimestral más reciente entrega otra, de estancamiento y repunte. Ambas conviven en el mismo aparato de gobierno.
Esa violencia que persiste en el sur y el norte del estado tiene origen identificable. El corredor petrolero-petroquímico de Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, y las plazas del norte en torno a Tuxpan y Poza Rica, siguen bajo disputa activa entre organizaciones criminales que compiten por rutas de droga, extorsión y robo de hidrocarburos. Esa geografía criminal no nació con la administración actual. Javier Duarte llevó la captura del Estado por el crimen a su expresión más extrema, y el vaciamiento neoliberal de la economía regional dejó a esas comunidades sin más empleador que el crimen organizado. La actual gobernadora administra una deuda estructural que no contrajo.
Reconocer esa herencia explica el origen del problema. No explica por sí sola el repunte de este año, que exige revisión de la estrategia vigente y no sólo apelación al pasado.
Un proyecto de transformación se mide por su capacidad de nombrar lo que no ha resuelto, no sólo lo que ya corrigió. Este periódico sugiere que las autoridades federales y estatales adopten una misma ventana temporal al valorar la incidencia delictiva, de forma que ambos niveles de gobierno concluyan lo mismo a partir de la misma fuente. El asunto es serio porque incide de forma directa en la percepción pública sobre la seguridad y en la valoración ciudadana de la administración en turno. La confianza en una estrategia de seguridad no se construye con el mejor promedio disponible. Se construye con la cifra que se sostiene se mida como se mida.
El obispo de Xalapa no necesitó estadísticas para intuir lo que los indicadores confirman. El desaliento en el sur y el norte de Veracruz tiene fundamento. La esperanza que la Iglesia pide no es ingenua. Reclama que la respuesta institucional iguale por fin la magnitud del daño heredado, y que la cifra que se presenta a los veracruzanos parta de los mismos criterios metodológicos, no de temporalidades distintas.
