El boquete financiero que se generó en el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado se atribuye a los cambios a la ley, que establece que la asignación del presupuesto para los dos entes se hará con base en los recursos de libre disposición.
Eso originó que se recibiera menor recurso en el ejercicio fiscal 2021, argumentó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Reconoció que se tendrá que revisar en la cuenta pública correspondiente para determinar si hubo alguna irregularidad en el ejercicio de esos recursos.
“Lo que sí puedo decir es que se menciona mucho que era una situación de desvío (de recursos) que se había dado. Pero tuvo que ver más bien con una modificación a los ingresos que disminuyeron en cuanto a ese cambio de fórmula que establece la ley y que los diputados de la anterior Legislatura tuvieron a bien modificar”, adelantó.
González Cobos reconoció que al menos la modificación en la entrega de participaciones al Poder Judicial mermó significativamente los ingresos que correspondían al órgano jurisdiccional.
Y es que en 2021 se habló de un boquete presupuestal en dicho poder de más de 500 millones de pesos, lo que llevó al recorte de algunas prerrogativas entre los integrantes de esa soberanía.
“La consecuencia fue esa. Tuvimos alguna reunión con los diputados y trajimos los documentos en donde se pudo advertir que más que nada tenía que ver a simple vista en el cambio de la fórmula para la recepción de las participaciones”.
La titular del Orfis sostuvo que las fórmulas que se modificaron no solo incidieron en las percepciones del Poder Judicial, sino también en la Fiscalía General del Estado y de la Universidad Veracruzana, órganos que gozan de autonomía presupuestal.
“Entiendo que este desajuste se da en función de que esos órganos autónomos ya tenían una presupuestación. Contaban ya en su planeación con un ingreso mayor, de ahí que se da esta circunstancia al recibir un ingreso menor”.
