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Entre enero y abril de 2026, la zona sur de Veracruz acumuló 73 homicidios dolosos, el 24.6 por ciento del total estatal. Coatzacoalcos y Acayucan concentraron casi la mitad de esos crímenes: 22 y 14 casos respectivamente. No son cifras abstraídas de la realidad: son nombres, familias, comunidades rotas. Son también la evidencia de que hay heridas que ocho años de transformación no han cerrado porque fueron abiertas con una profundidad que ningún gobierno repara en un sexenio.
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Las Choapas. La geografía de la violencia en el sur de Veracruz no es aleatoria. Sigue con precisión el corredor petrolero-petroquímico que durante décadas fue el corazón económico de la región. Cuando ese corazón colapsó, no lo hizo por inercia ni por las fuerzas impersonales del mercado: lo desmantelaron. Los gobiernos neoliberales vaciaron a Pemex de capacidad productiva, precarizaron el empleo formal, abandonaron la inversión pública en infraestructura social y dejaron a las comunidades del sur sin más economía que la que el crimen organizado estaba dispuesto a ofrecer. La miseria administrada fue el caldo de cultivo; el crimen, el único empleador que no se fue.
Javier Duarte no inventó ese modelo, pero lo llevó a su expresión más criminal. Bajo su administración, la captura del Estado por el crimen no fue una infiltración: fue una política. Las corporaciones policiales del sur de Veracruz operaron durante años como brazos armados de grupos delictivos. Las alcaldías fueron espacios de protección, no de gobierno. El tejido institucional que debía contener la violencia fue deliberadamente destruido porque su destrucción era funcional a quienes gobernaban. Lo que quedó no fue simplemente un vacío: fue una arquitectura del crimen con cimientos en las propias instituciones públicas.
Esa arquitectura no se desmonta con un cambio de partido ni con la detención del gobernador que la construyó. Se desmonta reconstruyendo lo que fue destruido, y eso toma tiempo, recursos y voluntad sostenida. Requiere corporaciones policiales depuradas desde la base, fiscalías que investiguen y no solo registren, presencia del Estado en las comunidades que el crimen convirtió en territorios propios. Requiere, sobre todo, que la apuesta económica se traduzca en empleo real antes de que otra generación de jóvenes encuentre en el crimen la única salida disponible.
La Cuarta Transformación ha apostado por el sur con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una inversión que reconoce implícitamente que la violencia en esta región es antes un problema económico que un problema policial. Es la dirección correcta. Pero una dirección correcta recorrida a paso lento no alcanza a quienes ya cayeron en el camino. Los números de 2026 lo confirman: tres feminicidios registró el SESNSP entre enero y abril en el sur; el recuento de AVC Noticias documentó al menos seis en el mismo periodo, más cuatro casos adicionales en mayo. El exalcalde de Soconusco fue atacado a balazos en la carretera. Un ganadero fue secuestrado y asesinado en Minatitlán. Grupos armados tomaron el control de una comunidad durante horas. La violencia no retrocede al ritmo que la transformación avanza.
La gobernadora Rocío Nahle conduce una entidad que carga con una deuda estructural que ella no contrajo, pero que administra. Esa distinción importa y este periódico la reconoce. Lo que también importa es que la deuda existe, que el sur la paga con sangre todos los meses, y que la velocidad de la respuesta institucional en seguridad, reconstrucción del tejido social y reactivación económica no puede seguir siendo proporcional a la magnitud del daño heredado. Tiene que ser mayor.
La transformación que se proclama como ruptura histórica con el neoliberalismo tiene en el sur de Veracruz una prueba concreta de su profundidad real. Duarte sembró; el neoliberalismo abonó durante décadas. Lo que se cosecha hoy en Coatzacoalcos y Acayucan es ese pasado sin resolver. Resolverlo es la tarea que no admite más aplazamiento.
