Plaza Lerdo
Más allá de la evidente necesidad de plantear un rediseño institucional, dado que todas las instituciones son susceptibles de mejorar para adecuarse a circunstancias distintas a la coyuntura que dio origen a su creación, en este caso, la Ceapp; sembrar la idea de que ésta se halla en una “crisis” o que debe desaparecer porque sus protocolos de actuación para proteger a periodistas han fracasado , o que su integración por periodistas “afines al régimen” le impiden cumplir sus propósitos, se enmarca más en los simples deseos personales de quienes sostienen esta tesis, a través de una narrativa emocional que se resiste —por eso es emocional, alarmista y extremadamente subjetiva— a aceptar que existen datos duros y veraces del cumplimiento objetivo del propósito institucional de la Comisión.
Tanto el manejo financiero como operativo de la Ceapp son cuidadosamente observados por tres instancias públicas de fiscalización: el Orfis, la Contraloría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. Así que exigir una auditoría adicional, si bien no se desestima de entrada, es parte de esa narrativa emocional que busca destruir a una institución que es considerada de vanguardia en el país.
De dicha manera se trata de manipular la percepción pública desde un ecosistema, una nube de información, con los mismos actores, exactamente la misma que operó durante la campaña gubernamental anterior para el candidato perdedor del PRI-PAN-PRD, José Yunes Zorrilla, y que sin rubor utiliza los mismos argumentos, calificativos y construcción de una verdad a modo; no obstante, ésta sólo fue efectiva entre sus propios autores, su cada vez más reducida base electoral y con un periodismo militante que no termina por aceptar aquel resultado democrático por medio del cual una gran masa de ciudadanos optó por darle a Morena la continuidad en el gobierno del estado.
A pesar del alarmismo conceptual y de los buenos-malos deseos de quienes piden la liquidación de la Comisión, se puede afirmar que la Ceapp no se encuentra en crisis. Ahí están disponibles los indicadores oficiales en el sitio web y en los comunicados oficiales, además de los datos auditables y las métricas de rendimiento. Todo se fiscaliza, se revisa, no hay un solo caso en el que se le haya negado al periodista solicitante algún apoyo de asistencia jurídica, en materia de salud, capacitación o dotación de insumos y material para realizar su trabajo, siempre y cuando exista disponibilidad, en el entendido de que todo lo anterior se realiza bajo las condiciones que determinan el reglamento interno y la propia ley de la Ceapp.
No existe ninguna crisis o colapso, porque la Comisión sigue operando de manera normal, cumpliendo sus objetivos y propósitos. Ciertamente hay retos por enfrentar, pero esos son producto natural y lógico en cualquier administración. Por ello se nota una curiosa exageración deliberada y argumentativa de un sistemático grupo, sumamente crítico que insiste en construir su propia realidad, puesto que al usar el término de “crisis”, evidencia que detrás de ello hay una estrategia de desgaste político, de alarmismo para tratar de restar la confianza en la institución que proporciona servicios esenciales de atención para el gremio.
Está claro, y ejemplos hay muchos, que por sus acciones, propósitos y logros concretos, la Ceapp puede resistir sin colapsar, estas “crisis” insufladas con más que obvios propósitos políticos, provenientes inclusive de algunos diputados y senadores de Morena que, sin el menor interés por informarse de las condiciones reales y objetivas de la Comisión, o decretan su desaparición o se convierten en “tontos útiles” de la reacción política de derecha.
Este asunto es relevante porque cuando la nube crítica de opinadores acusa a la Ceapp de “fallar” en sus protocolos ante la violencia contra periodistas, es ignorar deliberadamente que es un organismo de protección, no una fiscalía ni cuerpo policial o militar. Es decir, no tiene facultades de investigación criminal ni de pacificación territorial; su mandato es la prevención y la gestión del riesgo dentro del marco legal existente. Los asesinatos y la violencia estructural son fallas del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad pública encargados de perseguir el delito. Exigirle a la Ceapp que detenga la violencia homicida por sí sola es un error jurídico y operativo. Es una trampa discursiva para descalificarla.
También es falso asegurar que la Comisión protege al gobierno y no a los periodistas. Entre quienes lo afirman, vuelve a aparecer esa emoción irrefrenable, producto de la frustración política tras la debacle electoral. La Ceapp es un organismo técnico y descentralizado, que activa sus mecanismos de protección sin ninguna consideración política y sin importar su línea editorial o su postura frente al gobierno en turno.
En efecto, la Ceapp cuenta con un presupuesto público autorizado por el Congreso local. Pero es falso que sea dinero tirado a la basura o para costear una burocracia ineficiente, pues su eventual éxito o fracaso no se mide de esa forma, a menos que esa sea la idea para establecer una línea crítica, pues han sido muchas más las acciones para proteger a periodistas en condiciones vulnerables.
Prefieren afirmar que el presupuesto de la institución es un gasto innecesario y no una inversión directa en la supervivencia de la libertad de prensa; su utilidad se demuestra en los casos documentados donde las medidas preventivas evitaron fatalidades, trasladando a compañeros en situaciones de riesgo, gestionando y activando medidas exitosas de protección en casos que sí están bajo el monitoreo de la Ceapp.
Para concluir, decir que la Comisión no es útil porque existe violencia es lo mismo que afirmar que los hospitales no sirven porque la gente se sigue enfermando. Su utilidad pública es medible y demostrable.
